Luego de dos semanas de discusión, esta mañana el pleno del Tribunal Constitucional finalmente consideró como inconstitucional el Artículo 63 de la Ley de Educación Superior, con lo que se cae la norma que prohíbe a las universidades incluir entre sus sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro.
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Con 6 votos contra 4, el organismo declaró como inconstitucional la iniciativa, ya que el artículo transgrediría el derecho de la libertad de enseñanza y organización establecido en la Constitución.
En una defensa férrea el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que “como Ministerio tenemos total respeto por la institucionalidad vigente”, y resaltó que “la Ley de Educación Superior prohíbe el lucro y no hay dos interpretaciones al respecto. Cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada”.
En ese sentido aclaró que la norma “establece con claridad una serie de regulaciones y exigencias que apuntan precisamente a asegurar que desde las universidades no se retiren utilidades. Esas exigencias van de la mano con una nueva institucionalidad, una nueva Superintendencia de Educación Superior, que tiene como principal foco asegurar que la prohibición del lucro en las universidades sea una realidad”.
Sin embargo, el presidente de la Fech, Alfonso Mohor, advierte que esta decisión perpetúa el lucro. «Si bien las autoridades del Mineduc afirman que ya está garantizado que instituciones de educación superior no pueden lucrar, sabemos bien que grupos como Laureate sí lucran a través de los controladores (sostenedores)«, advierte.
«En términos de la gratuidad, muchos recursos del Estado que se están destinando para que nuestros compañeros puedan acceder a la educación superior, van a terminar probablemente siendo utilizados para generar más recursos a los bolsillos de los sostenedores y no para la calidad de la educación», agrega el también vocero de la Confech.
