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Líder catalán se acerca a la cárcel: fiscalía alemana quiere concretar la extradición de Puigdemont a España

Puigdemont podría correr la misma suerte que otros líderes catalanes que se encuentran en prisión.

La fiscalía de Alemania solicitó el martes un tribunal que permita la extradición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, España, donde sería juzgado por su papel en la organización por un referendo independentista.

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Puigdemont fue detenido en Alemania el 25 de marzo cuando intentaba viajar en auto de Finlandia a Bélgica, donde reside en la actualidad.

Los fiscales de Schleswig, una ciudad del norte de Alemania, remitieron la petición al tribunal regional luego de un «examen intensivo» de la orden de arresto europea emitida por la corte suprema española el 23 de marzo. Si la corte accede al pedido, los fiscales deberán firmar la orden de extradición.

Los fiscales de Schleswig han emitido un mensaje que dice que el cargo de rebelión tiene un equivalente en la ley alemana, el cual era el único que otorgaba la extradición.

«La campaña independentista no fue violenta»

«La acusación de rebelión tiene en su centro la denuncia de llevar a cabo un referendo inconstitucional a pesar de las expectativas de disturbios violentos», titulada «Los fiscales». Observaron que durante una reunión con la policía el 28 de septiembre, se advirtió a Puigdemont que podría suceder una escalada de violencia el día del referendo del 1 de octubre, pero su gobierno lo realizó de todas maneras.

Madrid también acusa al político de 55 años de malversación de fondos públicos.

En una entrevista desde la prisión, publicada el lunes, Puigdemont insistió en que la campaña independentista no fue violenta.

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Los abogados del expresidente recibieron un mensaje en el que se pidieron los libros que rechazan el pedido de los fiscales. «¿Qué es eso?». Confían en que habrá un estudio independiente y objetivo por parte de la corte estatal de Schleswig, a la cual se presentarán nuevos argumentos contra la extradición.

Los abogados también instalan al gobierno alemán un intervenir ante la «dimensión política» del caso.

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