Brasil tensionado antes de decisión sobre Lula: general del ejército dijo repudiar la "impunidad"

Hoy se conocerá el veredicto por corrupción en el caso Lava Jato para el ex Presidente.

Por Jorge Guzmán Buchón

A horas de que se conozca la decisión de si el Supremo Tribunal Federal de Brasil diga si el ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene derecho a apelar en libertad una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, la tensión crece y los escenarios posibles ya se han estudiado.

El general del ejército brasileño, Villas Boas, publicó en su cuenta de Twitter: "Le aseguro a la nación que el ejército brasileño cree compartir el anhelo de todos los ciudadanos de repudiar la impunidad y respetar la Constitución, la paz social y la democracia, además de vigilar sus misiones institucionales".

Si el Tribunal Supremo de ese país rechaza el recurso, nada impediría el arresto de Lula. Al no existir una condena definitiva para da Silva, aún tiene derecho a la garantía de presunción de inocencia. Es por esto que no podría cumplir una pena efectiva de cárcel. Si el Poder Judicial brasileño violara esto, violaría el principio de separación de Poderes.

Es más, aún cuando la condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero en el caso Lava Jato, aún podría apelar en tribunales superiores, por lo que la pena no podría ser ejecutada.

Villas Boas también comentó, a modo de interrogante, si las instituciones y las personas se estaban ocupando del bien del país y de las generaciones futuras o solo de intereses personales.

Si el recurso de Lula fuera acogido, Lula podría seguir apelando en libertad, primero al Superior Tribunal de Justicia y luego al Supremo Tribunal Federal, lo que podría tomar hasta dos años.

Mas si fuera rechazado, el encarcelamiento de Lula debería ser efectivo en horas o, a lo sumo, días. Cinco magistrados estarían previamente inclinados a aceptar el habeas corpus, mientras otros cinco estarían en contra. El voto que inclinaría la balanza sería el de Rosa Weber, quien ha declarado que nadie debería ir a prisión mientras exista la opción de apelar.

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