Las isapres volvieron a estar en el ojo del huracán porque éstas ya anunciaron los nuevos reajustes a los precios de sus planes. Frente a esto el Gobierno anunció una “cirugía mayor” al sistema, enfocándose en evitar las discriminaciones a mujeres, adultos mayores y por enfermedades preexistentes.
Frente al esbozo de propuesta del Ejecutivo, Marcelo Godoy, director del Magíster en Derecho de la Empresa de la U. Mayor, sede Temuco, apunta a que hay que “buscar sistemas legales que vayan amortizando el precio entre distintas personas”, añadiendo que, por ahora, la propuesta del Gobierno es un buen paso.
“Yo creo que sin ver el detalle, es uno de los caminos a tomar, hay que hacerlo y es uno de los caminos más pragmáticos a corto plazo”, apunta el académico.
En tanto, María Fernanda Juppet, experta en derecho económico y directora de Derecho U. San Sebastián, considera que la propuesta es una muy buena medida porque “permite apoyar en forma considerable a aquellas personas que requieren una cobertura mayor sea por enfermedad o por potenciales costos de embarazo, repartiendo esta carga entre los diversos actores del sistema”.
Sin embargo, ambos expertos estiman que esta reforma esbozada desde el Ejecutivo es un primer paso para hacer un cambio más profundo al modelo de salud privada del país. Y según explica María Fernanda Juppet, experta en derecho económico y directora de Derecho U. San Sebastián, una de las formas para cambiar estas subidas en los valores de los planes es una ley que que regule como se hace con los servicios básicos.
“Es posible hacerlo, pero se requiere una ley como la que está proponiendo el Gobierno, o una que autorice a la Superintendencia de Isapres el fijar decretos tarifarios, al igual como se realiza en servicios básicos como la luz, en el que el regulador determina previamente los precios que se han de cobrar”, dice Juppet
“Es posible hacerlo, pero se requiere una ley como la que está proponiendo el Gobierno, o una que autorice a la Superintendencia de Isapres el fijar decretos tarifarios, al igual como se realiza en servicios básicos como la luz, en el que el regulador determina previamente los precios que se han de cobrar”. Eso sí Juppet advierte que hay que tener cuidado en que una medida como esta afecte “directamente la calidad del servicio recibido por los usuarios”.
Por otro lado, Godoy cree necesario insistir en una idea propuesta con anterioridad y que pretende establecer un plan garantizado básico y que las isapres sirvan como seguro complementario para otro tipo de coberturas. Subraya que lo que se busca es que “no exista un trato desigual (…) la persona de 60 años tiene los mismos derechos que una de 20 años”.
El académico de la U. Mayor remarca además que el sistema de precios de las isapres simplemente de agotó “por cambios socioeconómicos del país, estamos viviendo más, hay más enfermedades crónicas como la diabetes”.
Acabar con la judicialización
Actualmente y desde hace años, las personas han acudido a la justicia para frenar la subida de su plan. Año tras año, las Cortes de Apelaciones del país se llenan con recursos que terminan obligando a las aseguradoras a dejar los precios iguales.
Para Godoy esto es una de las cosas que se deben regular, ya que “el costo asociado es una cantidad de dólares muy grande”, indicando que indirectamente las aseguradoras lo traspasan a los clientes a través del alza de los planes.
Otra idea que ha rondando en el ambiente es regular las ganancias de las isapres, que alcanzaron $62.441 millones durante 2017, pero para el académico eso es complejo y no se podría hacer “por garantías constitucionales”, pero insiste que “como estamos hablando de la salud, vamos a tener que regular las tarifas”.
