«No se proporcionará información sobre su paradero actual”, explicó la fiscalía en un comunicado.
El líder independentista catalán, de 55 años, fue detenido el 25 de marzo en territorio alemán tras cruzar la frontera desde Dinamarca. España había emitido una orden europea de detención y busca su extradición por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos para organizar un ilegalizado referéndum secesionista el año pasado.
“No se trata de un perseguido político»
Por su parte, el gobierno español negó el viernes que esté acosando al ex presidente catalán Puigdemont, quien fue puesto en libertad por una corte alemana bajo fianza mientras resuelve sobre su extradición a España.
En la habitual conferencia de prensa de los viernes, el vocero del gobierno en Madrid, Méndez de Vigo, dijo que el gobierno respeta las decisiones de las cortes españolas y alemanas, y no se entromete en sus fallos.
“No se trata de un perseguido político, sino de un prófugo de la justicia”, señaló sobre el ex presidente catalán, junto con sostener que el intento separatista no es un asunto político sino legal.
El gobierno español “cumplió con su obligación” al asumir el gobierno de Cataluña después que Puigdemont y otros separatistas organizaron un referendo prohibido sobre la independencia.
La decisión de los jueces alemanes fue un revés para los esfuerzos de la justicia española en su intento por frenar el movimiento secesionista en la región del noreste del país.
Además, supone golpe embarazoso para el gobierno central conservador de Madrid, que ha insistido en que la disputa sobre la independencia de Cataluña es un asunto legal y no político, y se negó a sentarse a negociar con Puigdemont o sus partidarios desde la polémica consulta de octubre.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el ejecutivo respetará el fallo de la justicia alemana y esperará a tener más detalles antes de decidir sus próximas acciones.
