Un grupo de jueces exiliados ha decidido enjuiciar al presidente venezolano Nicolás Maduro por corrupción y lavado de dinero tras estudiar pruebas que lo vincularían con la constructora brasileña Odebrecht, sumida en un escándalo de sobornos en varios países latinoamericanos.
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La agrupación se hace llamar el Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio y está compuesta por juristas que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que el Congreso de mayoría opositora los nominó al Tribunal Supremo de ese país.
Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.
De todas formas se reunieron el lunes en el Congreso de la capital colombiana para iniciar un juicio de carácter simbólico, donde pidieron una orden de captura contra el mandatario venezolano.
“Estamos cumpliendo con nuestra constitución y nuestra ley”, dijo Miguel Ángel Martín, el presidente del tribunal en exilio, después de que los jueces presentaron sus argumentos para proseguir a un juicio. “En Caracas hay un tribunal de facto, y acá un tribunal legítimo.”
Las decisiones del tribunal en el exilio no tienen ningún efecto en Venezuela, donde aún rige el Tribunal Supremo de Justicia elegido por los aliados políticos de Maduro en el 2015.
Sin embargo, quienes apoyan a los jueces exiliados aseguran que sus actos simbólicos ayudan a generar conciencia sobre los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
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Una de las principales aliadas del tribunal en el exilio es Luisa Ortega, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro.
Ortega acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013, y la semana pasada entregó al tribunal en el exilio documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.
Ortega actúa ahora como la fiscal encargada de comprobar que Maduro ha cometido actos de corrupción. El tribunal en el exilio también asignó al mandatario venezolano un defensor público, el cual no ha podido hablar con su cliente porque éste no reconoce a los jueces que se fueron.
