El Juzgado de Garantía de Arica dictó la primera condena en el país por los delitos de usura y asociación ilícita para la usura contra 15 imputados de nacionalidad colombiana que integraban una red de préstamos ilegales también conocidos como «gota a gota» y que operaba en varias ciudades del país.
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Además, el tribunal decretó la expulsión del país de los condenados.
El fallo se dio en el marco de un juicio abreviado en que los extranjeros debieron reconocer los hechos de la investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la PDI.
Otros 7 acusados (6 colombianos y un chileno) no quisieron acogerse a este tipo de procedimiento abreviado, por lo que en su caso la causa sigue vigente.
La Fiscalía acusó a los imputados extranjeros como autores de usura y asociación ilícita para la usura, captación ilegal de dinero y asociación ilícita para este delito, además de amenazas en el caso de 4 de los detenidos, lo que fue acogido por tribunal.
Así, el Juzgado de Garantía dictó penas desde los 61 días hasta los 541 días de presidio, además de la expulsión.
«En esta audiencia 15 de los acusados aceptaron los hechos de la acusación y por ende se les impuso las penas que el tribunal estimó pertinente”, explicó la fiscal Claudia Toledo, de la Unidad de Alta Complejidad.
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“Los principales afectados por estos créditos ilegales eran pequeños comerciantes de Arica que obviamente apremiados por sus deudas y estados financieros hicieron uso de este mecanismo ilegal, que además causa una alteración al sistema financiero de nuestro país ya que se trata de operaciones no reguladas», agregó Toledo.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI permitió desarticular en noviembre de 2017 esta red internacional dedicada a facilitar dinero cobrando intereses que superan el máximo legal, además de otros delitos. La indagatoria finalizó con la detención de 22 personas, además de la incautación de dinero en efectivo y documentación.
La indagatoria determinó que la organización era liderada por dos sujetos y que además estaba conformada por personas que cumplían la función de socios supervisores, quienes autorizaban o rechazaban los préstamos ilegales y que controlaban grupos de menor jerarquía, integrado por imputados que ejercían el rol de captadores y cobradores diarios. A ellos se suma un ciudadano chileno que prestaba apoyo logístico y elaboraba contratos de trabajo falsos a los extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.
El trabajo investigativo detectó también que la red había implementado una aplicación en los teléfonos celulares de los cobradores, a fin de controlar sus recorridos y procesos de cobranza, además de una base de datos con todos los deudores.
En el marco de la diligencias se informó que la red realizó giros al extranjero (Colombia y Brasil) por un monto total de 77 millones de pesos y 5 mil 300 dólares, además de otorgar cerca de 500 préstamos, cuyos montos eran entre 100 mil hasta los 3 millones de pesos, debiendo cancelar los deudores en un plazo máximo de 30 días mediante cuotas diarias.
