El Gobierno tiene un plazo de diez días para definir el destino del proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de que el lunes pasado la Contraloría decidiera no tomar razón del decreto promulgatorio.
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La información, publicada en El Mercurio de hoy, recuerda que el pasado 18 de enero el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia en la que se declaraban inconstitucionales varios artículos del proyecto de ley. Sin embargo, en el dictamen, el TC mantuvo las normas respecto de las facultades sancionatorias del Sernac.
Los primeros días de marzo, añade la publicación, la Cámara de Diputados despachó el oficio respectivo a la entonces administración de Michelle Bachelet. Tras el cambio de mando, la Contraloría comenzó a analizar el texto en medio de exigencias de un grupo de parlamentarios de oposición para que se tomara razón del decreto en los términos que fue despachado por la Cámara.
El día 9 de marzo, el abogado de la Cámara Nacional de Comercio, Gastón Gómez, envió un téngase presente a la Contraloría, en el que se advertían inconsistencias de la sentencia del TC.
Finalmente y luego de solicitar una prórroga de 15 días, el contralor Jorge Bermúdez zanjó la controversia y no tomó razón del decreto. «Es el caso consignar que efectuada la verificación correspondiente, entre el texto de la ley que se promulga y la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 18 de enero de 2018, Rol N° 4012-17, que se pronunció sobre el respectivo proyecto que fue sometido por la Cámara de Diputados al control preventivo de constitucionalidad, se advierte que el decreto promulgatorio contiene normas declaradas inconstitucionales por dicho fallo», señala el dictamen emitido el lunes.
Según la publicación, en La Moneda no desconocen la complejidad que reviste la controversia entre el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y ahora la Contraloría.
Para el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, «la posición nuestra es que esta es una situación bastante inédita. Por ello, tenemos que estudiar para definir cuáles son los mejores cursos de acción a seguir».
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De acuerdo a la publicación, el Gobierno contempla dos caminos a seguir: remitir la iniciativa a la Cámara de Diputados, para que en esa instancia se corrija el oficio, o que sea el propio Tribunal Constitucional el que zanje el error de origen que generó la controversia. Esta última opción sería el camino más probable a seguir.
Por su parte, en la Cámara de Diputados analizan cuál podría ser el curso de acción, en el caso de que sea la Corporación la que esté a cargo de corregir el oficio. Hoy se espera el pronunciamiento oficial de la presidenta, Maya Fernández, tras una reunión con el diputado Jaime Mulet (FRVS) y su par Mario Venegas (DC).
Este último indicó que «como está el proyecto, el Sernac pierde sus dientes, por lo que sería lo mejor citar al contralor para ver las alternativas, para así poder salvar la idea matriz del proyecto».
Mulet, en tanto, añade que «lo curioso es que la Contraloría no tiene facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de un decreto promulgatorio de una ley. Es un asunto delicado, que como mesa de la Cámara se lo hicimos presente al contralor Bermúdez». Asimismo cree que es el TC el órgano a cargo de revisar el texto.
Desde el Partido Socialista, su presidente, Álvaro Elizalde, indica que «la decisión del contralor constituye un atentado grave a las atribuciones del Congreso y deja en la desprotección a los consumidores ante el abuso».
El diputado Leonardo Soto agrega que «los socialistas aspiramos a que la Contraloría y el TC apliquen el principio de la deferencia razonada, en el que existe un respeto a las instituciones elegidas por los ciudadanos para crear las leyes».
