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“Turismo de la muerte”: El derecho al suicidio asistido convierte a Suiza en “el paraíso de la eutanasia”

En los últimos 17 años miles de extranjeros han puesto fin a sus vidas en Suiza en busca de una muerte digna y sin perjuicios legales para sus familiares y amistades.

(digicomphoto/Getty Images/iStockphoto)

La eutanasia, o suicidio asistido, es ilegal en la mayor parte de países del mundo, pero en algunos europeos como en Bélgica, Luxemburgo, Holanda o Suiza  está permitida siempre que se cumplan ciertas condiciones.

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En el caso de Suiza: En el caso de este país la eutanasia es delito, pero no el suicidio asistido. Este proceso no tiene que ser asistido por un médico, ya que al enfermo le prescriben un medicamento letal, el médico se limita a entregar la prescripción del fármaco letal, pero es la persona quien la ingiere bajo la ayuda de organizaciones no gubernamentales. El requisito ineludible es que quien ayuda no actúe por alguna motivación egoísta o de tipo personal o económico. Si esto se llegase a acreditar, el responsable sería perseguido penalmente.

En Suecia  hay tres asociaciones que ayudan a quienes quieren terminar con su vida. Ciudadanos de todo el mundo,  que presenten el certificado médico que avale una enfermedad terminal y que haya pasado por una terapia y todavía sienta ganas de morir, pueden encontrar ayuda en alguna de las otras dos organizaciones que  prestan los servicios a extranjeros: Dignitas y Eternal Spirit.  La organización Exit sólo acepta peticiones de suizos o residentes en Suiza.

Pero, ¿cómo funcionan estas asociaciones y cómo es realmente el proceso hasta que la persona llega a “suicidarse”? ¿Y cuánto cuesta poner fin a una vida y qué requisitos hay que cumplir?

El suicidio asistido se practica desde los años 40 en el país alpino.  La ley lo respalda y el Tribunal Federal suizo de 2006 estableció que toda persona en uso de sus capacidades mentales (sin tomar en cuenta si eran o no enfermos terminales) tiene el derecho a decidir sobre su propia muerte.

Cómo es el procedimiento

En el caso de Dignitas,  es una sociedad sin fines de lucro que proporciona suicidio asistido o acompañado a sus miembros, siempre que sus deseos sean firmados por médicos independientes.

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Fundada en 1998, más de 2.100 personas han muerto con la ayuda de esta asociación, en suicidios asistidos en el hogar o en la casa de la sociedad cerca de Zürich.

Los miembros que desean una muerte asistida deben demostrar que son juiciosos y que deben ser capaces de provocar su propia muerte.

-Deben presentar una solicitud formal, que incluya una carta explicando por qué quieren morir, y que sus deseos sean aprobados por médicos que no forman parte de la organización.

-Los costos varían entre € 4,000 (£ 3,600) y € 7,000 (£ 6,400) por suicidio asistido.La opción más económica incluye la preparación y la asistencia para el suicidio, mientras que las tarifas más caras pueden incluir hacerse cargo de los deberes familiares y los costos del funeral.

Las facturas médicas adicionales pueden estar involucradas en el proceso, ya que se necesita la aprobación completa de médicos independientes antes de que alguien pueda morir con Dignitas.Sin embargo, se sabe que la sociedad renuncia a ciertos costos para los pacientes que luchan por pagar.

¿Cómo se produce la muerte? De forma rápida, sencilla e indolora: se le proporciona al cliente una solución de unos 10 gramos de pentobarbital de sodio mezclada con un zumo que debe ingerir por sí mismo y en pleno uso de sus facultades. Si no fuera así, se trataría de una eutanasia, y no de un suicidio asistido y el proceso sería totalmente ilegal a ojos de la legislación suiza. Un matiz sutil pero fundamental a nivel legal y administrativo.

En Chile 

El caso de Paula Díaz Ahumada, la joven de 19 años que sufre una enfermedad no diagnosticada que la tiene desde hace años en la cama, con una dependencia total de su entorno y retorcida de dolor, ha vuelto a instalar el debate de la eutanasia en la agenda pública.

Chile

La joven talquina no es la primera ni, seguramente, será la última en reclamar una muerte digna. Sin embargo, en Chile, la ley vigente impide que el gobierno pueda acceder a una petición como esta. La misma establece que «la persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario», aunque enfatiza también que «en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio».

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