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El máximo tribunal brasileño votó este jueves a favor de restringir una protección legal de la que gozan los legisladores federales y que, de acuerdo con los detractores, ha derivado en impunidad.
La protección, conocida como «fuero privilegiado», permite que las acusaciones legales contra decenas de miles de políticos sean atendidas en cortes superiores. Esto ocasiona que los casos contra políticos avancen muy lento dado que suelen cambiar de sede cuando los acusados cambian de puesto.
Pero el problema es particularmente grave cuando se trata de los legisladores federales, cuyos casos son atendidos por la máxima corte del país. Los procesos que atiende el Supremo Tribunal Federal son tantos que los críticos afirman que los políticos cuyos casos son atendidos ahí rara vez enfrentan las consecuencias de sus delitos.
El STF determinó el jueves que el fuero privilegiado sólo deberá aplicarse cuando se trate de delitos presuntamente cometidos mientras el legislador acusado esté en el cargo y si están relacionado con el ejercicio de sus funciones. Eso debería reducir enormemente el número de procesos judiciales contra legisladores que queden estancados en esa corte.
Siete de los 11 jueces del tribunal fallaron a favor de la restricción, mientras que los otros cuatro votaron a favor de una restricción menos extensa. La corte fijó además un plazo después del cual los casos ya no podrían cambiar de sede. Eso también debería reducir el tiempo que toma que los casos lleguen a un veredicto.
El juez Luis Roberto Barroso abogó fervientemente a favor de las restricciones, y consideró que el fuero privilegiado es un «desastre» para Brasil. Pero el juez Gilmar Mendes advirtió que la limitante no debería ser una panacea para lo que aqueja al sistema de justicia brasileño, y uso su turno para enlistar todos los males, desde la mala administración de centros penitenciarios hasta el excesivo periodo vacacional de los jueces.
