El jefe de Bancada de los Diputados UDI e integrante de la Comisión de Salud, Javier Macaya, aseguró que tras el dictamen de la Contraloría que señaló que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales no se ajustan a derecho y que órgano contralor “tendrá que justificar sus razones”.
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Macaya señaló que “la Contraloría ha instalado un gran dilema jurídico que debemos ser capaces de resolver en materia legislativa y constitucional porque es evidente ver la forma en que lo hace. No había tenido oportunidad de ver antes que la Contraloría informe con un formato de redes sociales o casi un meme de una forma forma bastante subjetiva a la hora de emitir un dictamen de esta categoría y de la naturaleza que tiene”.
“Yo no lo considero como algo normal y Contraloría tendrá que justificar sus razones del porqué se informa de esta manera algo que tiene un contenido jurídico que es bastante discutible, generando harta polémica”, añadió.
El diputado Macaya explicó que “los dos protocolos han sido considerados ilegales, tanto el dictado en el Gobierno del Presidente Piñera como el de la ex Presidenta Bachelet por cuestiones de formas; y lo que más nos llama la atención – y que defenderemos con mucha fuerza en el futuro – es que las instituciones privadas puedan seguir siendo objetoras de conciencia porque la Contraloría dice que para que los privados no puedan seguir ejerciendo ese derecho, se basan en un DFL del año 80, no considerando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que modifica la ley para que las instituciones objetoras privadas puedan alegarlas”.
“En ese sentido creemos que es una lástima que la ideología termine quitando a los más vulnerables de una salud de calidad como es la que presta instituciones privadas que legítimamente puedan ser objetoras de conciencia porque puede terminar en que éstas finalicen esos convenios, no sólo afectando prestando las atenciones de maternidad, sino que todo lo relacionado con lo ginecológico”, enfatizó el legislador.
Javier Macaya dijo finalmente que “vamos a defender con mucha fuerza la objeción de conciencia, nos reuniremos con el Gobierno para evaluar los pasos a seguir, y que obviamente las instituciones privadas de salud están en todo su derecho a recurrir a la justicia para impugnar lo que ha dicho la Contraloría”.
«No compartimos, pero acatamos»
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La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, leyó una declaración pública en el Congreso, en Valparaíso, en la que señaló que el Gobierno “no comparte, pero acata”, el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia del Ministerio de Salud para el aborto en tres causales.
Luego de tomar conocimiento del dictamen en el Parlamento, donde participaba en una comisión junto al ministro Gonzalo Blumel, ambos se reunieron de emergencia en una sala, tras lo cual declararon que «no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen».
La ministra también anunció un reglamento que “regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo».
Además, afirmó que tanto el protocolo dictado por el gobierno actual, como el de la administración anterior «se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo». Sin embargo, añadió, «Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, si no que por la vía de reglamento».
En cuanto a la posición del Gobierno en la materia, la vocera aseguró que «se fundó en la sentencia del tribunal constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional».
«Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección de los derechos de las mujeres que requieren el acceso a prestaciones del sistema de salud», concluyó.
