Son más de $1.140 millones los que Bike Santiago le debe al Banco Itaú. O al menos eso es lo que dice esta última institución bancaria, organismo que puso una demanda en contra de la empresa de bicicletas naranjas de la ciudad y donde exige que se llegue al embargo de esta para solventar la deuda.
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Así al menos quedó revelado esta semana luego que el consorcio bancario de origen brasileño interpusiera una demanda en el 10º Juzgado Civil de Santiago.
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A través de sus abogados acusaron a B-Cycle Latam, la representante de Bike Santiago, de adeudar más de $619 millones. Ese monto se sumaría a otros $523 millones exigidos anteriormente: en total está pidiendo $1.142 millones.
¿Embargo?
Para cumplir con ese pago, desde el banco piden el embargo de su contraparte. ¿Es posible que queden sin ninguna bicicleta naranja? Para Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl la respuesta es positiva. «Si esta empresa asumió deudas como persona jurídica, queda habilitada para ser embargada. En ese plano, se pueden embargar todos los bienes existentes de Bike Santiago».
Si ello ocurre, las bicicletas naranjas no necesariamente desaparecerían, ya que lo que ocurre es que cambian de dueño. De hecho, después del embargo se van un remate público, donde cualquiera puede pujar.
Pero no es todo. Si el dinero no alcanza, los socios y codeudores también quedarán en la mira.
“Lo más probable es que los bancos hayan tomado sus resguardos y hayan pedido la constitución de codeudores solidarios o avales. En ese sentido no es de sorprenderse que las deudas estén respaldadas por los mismos socios, personas naturales ligadas a las empresas. Si es así, el embargo podría derivarse no sólo a esta compañía sino que también a esos socios», señala el especialista.
Sernac también los demandó
Cabe mencionar que este 2018 no ha sido de los mejores para la compañía. Ello pues en febrero pasado el Sernac terminó interponiendo una demanda colectiva contra esta compañía tras recibir 268 reclamos.
La molestia de los usuarios nació por una cláusula abusiva que permitía aumentar el costo del servicio unilateralmente, cuestión que queda fuera del marco legal.