La bancada de diputados del Partido Socialista, encabezada por Manuel Monsalve y Luis Soto, concurrió a la Contraloría a sumar más antecedentes a la denuncia por el viaje privado pagado con dineros públicos, según afirman, del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a Harvard. Estos nuevos antecedentes involucrarían al canciller Roberto Ampuero.
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Según explicó Monsalve, en el caso de las comisiones de servicio en el extranjero, la contraloría establece la obligación de un decreto para que funcionario público salga de Chile, y “ese decreto debe ser fundado, tiene que tener los antecedentes de los pasajes, el itinerario de las reuniones que ese funcionario público va a sostener fuera de Chile. Hemos puesto en conocimiento de la Contraloría que este decreto no fue firmado previo al viaje del ministro Larraín”.
Aseguró que “recién después de la denuncia que hicimos el lunes pasado se empezó a conversar respecto a este decreto. Es de público conocimiento público que solo hace unos días estaba en el escritorio del ministro de Relaciones Exteriores, que el Presidente de la República tenía que decidir si lo firmaba o no, y claramente el decreto no fue tramitado previo al viaje del ministro de Hacienda”.
“Hay una negligencia del ministro de Hacienda y, desde nuestro punto de vista también del ministro de Relaciones Exteriores, quien no ha dicho con claridad si firmó o no este decreto y cuándo lo firmó”, añadió Monsalve.
Agregó que Larraín, junto al Presidente de la República, “firmó un instructivo el 4 de abril donde, dentro del plan de austeridad, se obliga a todos los funcionarios públicos que van a salir en comisión de servicio fuera de Chile a tramitar esa comisión y tener el decreto por lo menos 20 días antes del viaje. Esta norma que el ministro coloca para el resto de los funcionarios públicos, para él no rige”.
“Esto es bien delicado porque estamos hablando del ministro que maneja los recursos públicos de Chile y por lo tanto las normas que él establece para el aparato público tienen que ser rigurosamente cumplidas y si el que firma esas normas no las cumple, difícilmente puede exigirles al resto de los funcionarios públicos”, advirtió.
Además, indicó Monsalve, “hemos puesto en conocimiento de la Contraloría una falta a la probidad. Él por ley tiene que transparentar sus intereses y sus patrimonios, él es parte del consejo de ex alumnos de la Universidad de Harvard, participa, él toma las decisiones y esto no está puesto en su declaración de intereses, o sea, con el organismo que lo invitó, del cual forma parte, habría un conflicto de interés”.
