En pleno 2018 la compraventa de niñas y mujeres como esposas está totalmente naturalizada en algunos estados de México. Es más, recientemente se conoció el caso de un hombre de 28 años que compró a una menor de tan sólo doce años, fue detenido y luego liberado porque “no había delito”.
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Esta práctica forma parte de tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos hábitos tienen reconocimiento legal en el país latinoamericano, siempre y cuando no contradigan la Constitución.
El sujeto, llamado Alberto Ortiz (28 años), compró a la menor por el equivalente a dos millones de pesos chilenos en su estado natal de Guerrero, y luego la trasladó a la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua, lugar donde fue denunciado debido a que no es reconocida como práctica común, según recoge Infobae.
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La familia de la menor confirmó a las autoridades que la compra fue con consentimiento, por lo que el individuo fue puesto en libertad. Sin embargo, la menor fue puesta bajo resguardo de un centro de asistencia social estatal y de la unidad de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas.
La Fiscalía Especializada de la Mujer está a cargo de la investigación para determinar si existió algún delito asociado a la inusual transacción.
No termina con el divorcio
A los 14 años María, una joven que residía en Tlapa (Guerrero), contrajo matrimonio con un hombre que pagó por ella, según contó a finales del 2017 a Excelsior. Hace seis años se separó porque su esposo se enojaba y la golpeaba si no estaba trabajando en las labores del hogar.
“Él quiere que yo el trabajo lo haga todo el día. No debo de estar sentada porque él no fue a pedirme para que yo esté sentada en su casa, sino para hacer la comida, trabajar, hacer el aseo”.
Sin embrago, el suplicio aún no termina ya que sus suegros la amenazan con la cárcel si no devuelve los 70 mil pesos mexicanos (más de 2.200.000 pesos chilenos) que pagaron por ella.
“Tenemos una legislación que prohíbe los matrimonios infantiles o forzados, pero el estado se enfrenta con otra realidad: la normativa comunitaria”, indicó Gloria Flores Ruiz, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch), a finales el 2017 a El Universal.
Flores aseguró que “es importante aclarar que no podemos hablar de usos y costumbres porque muchas de estas formas que decimos o que el Estado avala como ‘usos y costumbres’ tienen que ver con procesos impuestos a los pueblos indígenas, que no son propios de su cultura, pero que se han usado para avalar la violencia contra las mujeres”.
Muchas de las miembros de estas comunidades ni siquiera notan que se está cometiendo un acto que vulnera sus derechos. Para ellas, ser compradas, mandadas e inclusive golpeadas por sus esposos, es normal.
Según la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña, este tipo de prácticas vulnera la Constitución en el primer artículo que indica que “en México todo individuo gozará de las garantías que ésta otorga” y el artículo dos que establece que las regulaciones indígenas pueden aplicar sus sistemas “siempre y cuando respeten las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”, detalló Infobae.