El caso del Grupo OAS es simple de entender: es uno más de financiamiento irregular de la política que habría quedado al descubierto en 2017, cuando la fiscal Ximena Chong estaba investigando a la empresa de origen brasileño. La persecutora encontró que desde esta compañía se había gestado la entrega de un jet privado a Marco Enríquez-Ominami (PRO) pero no era todo.
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Tras tirar de una hebra, dio con más aristas. Estas aparecieron cuando se pidió un permiso para realizar un allanamiento en una de las oficinas de esa empresa. Al ingresar notaron que habían señales de eventuales casos de financiamiento de campañas distintos al del candidato del PRO. Solicitaron entonces ampliar el permiso con el objetivo de llevarse discos duros, computadores y varios otros artículos. Al hacer una minuciosa investigación, desde el Ministerio Público notaron que aparecía el nombre de Giorgio Martelli. Este, definido como un «operador político», se destacó por reunir dineros para las campañas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009 y para Michelle Bachelet en 2013.
¿Qué se consigue?
Pese a los indicios hallados, nadie irá a la cárcel. La misma fiscal Chong aseguró que esa parte de la investigación está prescrita. ¿Qué pasará entonces con quienes podrían aparecer en esta investigación?
«Nada. Es inútil porque la ley establece que esos prescribieron», responde a Publimetro tajantemente el analista político Patricio Navia.
Agrega que «esta arista de la investigación no va a ninguna parte. Que se sepa (este hecho) puede ayudar, pero no va a conseguir ningún efecto sobre este caso en particular. Puede ser impresentable que estas cosas prescriban, pero toda esta investigación va a tener cero efecto por eso yo sospecho que la Fiscal no había hecho absolutamente nada. Da un poco lo mismo que se conozca la existencia de un delito que prescribió».
«El único efecto que podría tener es generar un proyecto que indique que estos delitos no prescriban después de un año, sino que en más, pero eso podría ser hacia adelante no hacia atrás», afirma Navia.
Golpe a la actual oposición
Para Máximo Quitral, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Chile, el golpe es más bien comunicacional.
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«Esta es una noticia política que pone en un muy incómoda a ex miembros de la concertación y por cierto a la Nueva Mayoría, sobre todo entendiendo que este es un caso regional (latinoamericano) que busca revelar el impacto de corrupción alcanzado por ciertas empresas, como esta de origen brasileño», señala el profesor.
Y aunque eventualmente se conozcan nexos con otros candidatos, para él, quienes más sufrirán son quienes hasta el 11 de marzo pasado fueron Gobierno.
«El problema político mayor lo va a tener la Nueva Mayoría porque esa coalición está súper dañada, políticamente hablando. Les están pidiendo salir a dar declaraciones frente a lo que está ocurriendo ahora», agrega.
Aún así, el paso del tiempo va a jugar a favor de los políticos. «Conociendo un poco la institucionalidad chilena, uno entendería que esto quede archivado», dice el académico.
¿Qué dice la ley?
El secretario de la facultad de derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla explica que en este caso en particular, es difícil que alguien si quiera pueda sentarse en el banquillo de los acusados.
«El plazo de prescripción para el delito de financiamiento ilegal de la política es de un año, de acuerdo a la Ley 19.884. Esta situación que se describe se habría advertido el año 2017, mucho tiempo después de las campañas de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Michelle Bachelet. Entonces, considerando ese dato, es muy probable que los tribunales decidan que están prescritas estos hechos delictivos», indica Bobadilla.
Agrega que aunque el Ministerio Público no tiene capacidad para determinar qué está prescrito y que no, lo que hacen «es el ejercicio del ‘principio de la oportunidad’, que es una herramienta que le permite a los fiscales distinguir cuándo la vale la pena iniciar una investigación y persecución penal de un hecho». En este caso, la fiscal Chong ya habló.
Por lo mismo, para el especialista, la idea es que el plazo de este tipo de delitos extienda no sólo el período de campaña, sino que incluso el período en que un presidente está sentado en el sillón más importante de La Moneda.
«Soy radical, pero para mí por lo menos 10 años. Creo que estas son actos delictivos que degradan la democracia. Así como costó recuperarla, tenemos que cuidarla. no podemos permitir estos actos que pudren la democracia, vamos a estar mal», sentencia el abogado.
