Un reciente informe de políticas públicas desarrollado por el centro de estudios independiente «Espacio Público» analizó el desempeño de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los Tribunales Ambientales (TA) para responder las preocupaciones ciudadanas. El diagnóstico señala que existen restricciones para acceder a la justicia ambiental.
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Se debe dejar en claro si, que tanto la SMA, como los TA son instituciones jóvenes. Actualmente la Superintendencia está a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de los instrumentos de gestión ambiental, mientras que los Tribunales Ambientales resuelven controversias. Pero, ¿hasta que punto?
El equipo de especialistas, compuesto por 6 profesionales, realizó un exhaustivo análisis que además dio como fruto propuestas que serán presentadas a las autoridades. Todo, en el contexto de las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) anunciadas por el Ministerio del Medio Ambiente y la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables por parte del Ministerio de Economía.
Mala evaluación internacional
En el informe «Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile» se señala que «a nivel internacional existe consenso en que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es fortaleciendo la participación de todos los ciudadanos, mejorando el acceso a la información y proporcionando procedimientos judiciales y administrativos efectivos».
Sin embargo, nuestro país es uno de los países con mayor presencia de conflictos socioambietales a nivel global, ocupando el puesto número 14 al año 2018 en el «Atlas de Justicia Ambiental».
Habría un problema de estructura. Camila Palacios, abogada de la Universidad Católica, investigadora y coautora del mencionado informe de «Espacio Público» explicó a Publimetro que el interés tras la realización de este análisis apunta a mejorar el acceso a la justicia ambiental y su gestión.
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Análisis necesario
«Hemos llevado a cabo una serie de reuniones con autoridades, y pronto presentaremos una propuesta formal. Se va a presentar al Ministerio de Medio Ambiente, aunque también analizaremos cambios respecto a leyes con parlamentarios», comentó. Los principales hechos que hacen necesaria una reformulación de la justicia ambiental apuntan a que la mayoría de las denuncias ciudadanas ante la SMA son por problemas cotidianos y no contra grandes proyectos de inversión.
En esta línea, la mayoría de las denuncias (56%) provienen de personas naturales, sin embargo un 46,2% corresponde a denuncias por ruidos molestos, 10,7% a denuncias por contaminación de aguas y un 9,9% a denuncias por olores molestos. Sólo un 12% de éstas corresponderían a denuncias contra proyectos mineros o de energía, que tan presentes han estado en la agenda nacional.
«Hay que mejorar la gestión»
En este sentido, Palacios aclara que no es porque no existan los conflictos, sino que se debe a la necesidad de mejorar la gestión. «El proceso es complejo. Las denuncias sólo se pueden realizar mediante formularios físicos que están en la Superintendencia. Es decir, la denuncia se realiza de manera presencial. No está la alternativa de entregar antecedentes en línea para tramitar las denuncias», explica.
Esto mismo generaría demoras en el sistema. El informe señala que en 2016 sólo el 14% de las denuncias dieron origen a procedimiento sancionatorios, mientras que el 86% restante se encuentra en evaluación o fueron archivadas. ¿Las soluciones? Pueden llegar a demorar entre 11 a 21 meses desde que ingresan y hasta que se brinda la solución.
5 metas para «un efectivo acceso ciudadano»
Sobre las propuestas para dar solución a estos y otros problemas del sistema de Justicia Ambiental, desde «Espacio Público» plantean 5 metas que aportarían al mejoramiento del acceso ciudadano. Éstas serían realizar cambios de gestión al interior de la Superintendencia, dar asistencia jurídica y técnica a la sociedad civil, fomentar el acceso a la información ambiental por parte de la ciudadanía, crear mecanismos alternativos para la solución de problemas ambientales e instaurar reformas legales.
La investigadora, Camila Palacios, señaló a Publimetro que esta serie de cambios y reformas significan una gran cambio, pero que a la vez generarán grandes beneficios en post del acceso y mejoramiento de la justicia ambiental. «Si bien este es un informe inicial, desde la Superintendencia ya han señalado estar al tanto de la necesidad de realizar varias de estas modificaciones», señaló la profesional, por lo que se espera que el proceso de reestructuración y las propuestas planteadas podrían llegar a buen puerto.
