«No hay submarinos en condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de servicio y no hay un solo avión de combate en vuelo; tampoco hay municiones suficientes para el mínimo entrenamiento exigible», indicó el diario «La Nación».
El matutino difundió una investigación a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello e iniciada a partir de la desaparición del submarino ARA «San Juan», ocurrida hace más de siete meses mientras navegaba por el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.
Según Di Lello, «desde hace años el material con el que operan» el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea «es obsoleto».
La investigación consiguió la declaración de siete ex ministros de Defensa y abarca un período de más de 35 años. El punto de partida es la guerra de Malvinas, el conflicto bélico que Argentina mantuvo con el Reino Unido por la soberanía de las islas en 1982.
«No es una investigación contra nadie sino para ver si hubo responsabilidades penales a lo largo del tiempo o bien descubrir las causas del estado de deterioro», dijo Di Lello a «La Nación».
el ministro de Defensa, Oscar Aguad , admitió que el estado del material operativo de las fuerzas es obsoleto y lo adjudicó a «la decadencia integral del país» y a la «estigmatización» que, dijo, sufrieron los militares durante la última década. Según Aguad, la idea del Gobierno es mejorar la inversión, pero con conciencia de que son tiempos «de grandes restricciones» para el país. Anunció además que las fuerzas están en plena reconversión y que el Gobierno va a derogar el decreto de Néstor Kirchner que solo les permite actuar ante un ataque exterior que sea de otro Estado.
Según datos publicados por el diario argentino, y con los que cuenta el fiscal, desde 1986 fueron relevados al menos 78 accidentes con aviones y helicópteros militares y murieron más de 250 personas en tragedias militares.
Este año, el estado de las fuerzas es un asunto especialmente delicado: Buenos Aires será sede de la Cumbre del G-20 y recibirá a los principales líderes del mundo entre el 30 de noviembre. El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, tiene previsto un gran operativo de seguridad para custodiar a los jefes de Estado que asistirán al encuentro.
