El reciente incidente en el aeropuerto de Santiago entre un carabinero y un chofer de Uber, que terminó con este último herido a bala por resistirse a un control policial, ha puesto de relieve nuevamente la necesidad de regular este sistema de transporte informal, pero no es el único sector que pide regulaciones por una situación similar.
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Desde la industria del turismo también reaccionaron a este hecho, pero para volver a solicitar que las autoridades se hagan cargo del tema del alojamiento informal en el país que se ofrece a través de plataformas digitales, que en los últimos años ha proliferado a través de aplicaciones como Airbnb, «sin que exista mayor fiscalización ni control respecto a su funcionamiento, provocando un perjuicio importante para el erario y para la oferta formal de este tipo de servicios», afirman desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).
Este gremio afirma que, según Datos del Barómetro Chileno del Turismo elaborados por ellos, indicaban que hasta el año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó de recaudar casi 10 millones de dólares en gravámenes, en una actividad ilícita que en 2016 generó ingresos cercanos a los 70 millones de dólares.
“Nosotros como industria del turismo lo que solicitamos en el caso del alojamiento informal, es que se efectúe una fiscalización rigurosa a quienes se dedican a prestar este servicio irregular mediante plataformas tecnológicas, y que la autoridad establezca todas las medidas necesarias para su regularización, de manera que la oferta formal de alojamientos pueda competir en igualdad de condiciones con ellos”, afirma el presidente de Fedetur, Ricardo Margulis.
El dirigente puntualiza que, a diferencia de lo que se plantea con Uber, ellos como industria no están solicitando necesariamente un proyecto de ley para regular la oferta informal, sino que se les aplique la legislación vigente y el cumplimiento de las mismas normas que se les exige al sector formal de alojamientos. “Para nosotros es muy bienvenida la competencia, pero es esencial que esta se dé en igualdad de condiciones, y no como ocurre en la actualidad, donde quienes prestan este servicio de manera legal tienen que cumplir con una serie de requisitos y pagar impuestos, mientras que el servicio informal saca ventajas y se beneficia de su informalidad, lo cual no corresponde”, enfatiza Margulis.
Fedetur agrega que en este caso no solo existe un daño económico a quienes ejercen la actividad de forma legal, sino que acusa además que hay riesgos asociados a los usuarios de estas plataformas, ya que al no existir un control sobre ellas, no están garantizados los estándares internacionales de calidad de servicio ni de seguridad con los que sí cuenta la oferta formal.
“Esperamos que este impulso que se ha generado respecto a abordar el transporte informal, sirva también para que las autoridades se hagan cargo de regularizar el alojamiento informal, y así salga beneficiado el país”, concluyó el dirigente.
