"Pacogate 2.0" y la curiosa explicación de Carabineros por los $23 mil millones cuestionados: se gastaron en centros recreacionales

El general Mario Rozas, director de la Dirección de Bienestar de la institución además aseguró que la destrucción de documentos no se hizo con "dolo" sino que por una normativa.

Por Jaime Liencura

En centros recreacionales y conjuntos habitacionales para funcionarios de Carabineros. En eso se habrían gastado los $23 mil millones que la Contraloría cuestionó en el gasto de esta institución, según se defendieron desde la policía uniformada.

El pronunciamiento se da luego que el órgano contralor analizara los gastos de esta institución entre 1991 hasta 2016. En esa tarea se detectó que hay desórdenes administrativos, inexistencia de justificantes o boletas que permitieran detallar con claridad el destino de esa plata.

Sin embargo, la respuesta a ese cuestionamiento se conoció este miércoles en voz del general Mario Rozas, director de la Dirección de Bienestar de Carabineros.

El uniformado indicó que “durante 2017, por un espacio de nueve meses, personal de la Contraloría General de la República se apersonó en la Dirección de Bienestar y efectuaron una revisión que comprendía inicialmente los años 2017 y 2016. Se entregó toda la información que estaba disponible en cuanto a documentos y otros antecedentes. No obstante a ello, los inspectores de esta entidad comenzaron a auditar otros años, llegando a 1991. Y efectivamente se encontraron algunas observaciones”.

Complejos habitacionales y de recreación

Para Contraloría, el requerimiento de justificación nace también por la destrucción de documentos, inexistencia de boletas o justificantes, además de desórdenes que hicieron a muchos referirse a este caso como un "Pacogate" versión 2.0. No obstante, según Rozas esa categorización no calza pues los montos sí tuvieron un destino claro.

"Ese dinero está reflejado en complejos habitaciones y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus grupos familiares. Eso está acreditado con la presentación de escrituras, cartolas bancarias de pago, estados de avance y toda una documentación, planos incluso, que acredita que ahí está el dinero que se invirtió”, justificó el uniformado.

Inexistencia de documentos

Sobre el ítem de destrucción de documentos e inexistencia de boletas y justificantes, Rozas reconoció que hay problemas, pero afirmó que esta práctica se llevó a cabo por cuestiones de normativa interna que existían en períodos anteriores, pero en ningún caso para ocultar el destino de los dineros.

"Algunos antecedentes de 1991 o hasta el 2005 no existen pues esa documentación fue incinerada de acuerdo a la normativa interna”, señaló el general.

Recalcó que “no hay existencia de dolo, porque nuestra institución como ente público está sujeto a una reglamentación y dentro de ella está una normativa que habla de la mantención, conservación, destrucción de la documentación. Y documentación antigua, de 1991 hasta 2005 e incluso la actual también está inserta dentro de este reglamento y si corresponde va siendo destruida”.

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