«Las personas que cometan delito en Chile cumplen condena en Chile», dijo el viernes pasado Andrés Chadwick, el ministro del Interior. Con ello anulaba los esfuerzos de la embajada de Ecuador para llevarse a su país a los ecuatorianos formalizados por robo con homicidio de la trabajadora Margarita Ancacoy, tras las torturas que recibieron en Santiago 1 de parte de otros internos.
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Pese a la enfática declaración, bastó que pasaran 48 horas para que se supiera que Gobierno iba a expulsar, durante este 2018, a más de 2 mil extranjeros que estaban en cárceles chilenas. ¿Cómo se justifican esas declaraciones?
Para Mijail Bonito, asesor del Ministerio del Interior, la respuesta es simple: son casos distintos. Ello pues la expulsión a reos es una «conmutación de la pena». A este beneficio sólo pueden acceder «aquellos que no residen legalmente en Chile y que son condenados a penas iguales o menores a cinco años. Es facultad del juez decretar dicha pena sustitutiva», aclara a Publimetro.
El rostro fuerte del Proceso de Regularización Extraordinario de Migrantes agrega que en caso que se conmute la pena, «no podrá ingresar a Chile en 10 años o deberá cumplir su condena de privación de libertad original».
En el caso de los ecuatorianos «de ser encontrados responsables del delito, las penas van desde los 15 años a cadena perpetua, por lo que no cumplen los requisitos para su conmutación».
«En este tipo de casos las expulsiones se ordenan después de cumplir la condena que corresponda».
¿Quien paga?
Bonito explica que, una vez que se decreta la expulsión, es el Estado quien paga los costos.
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Sobre los montos, este «varía según el país de destino. Los expulsados a países fronterizos son trasladados vía terrestre. Las personas de otras nacionalidades deben ser trasladadas vía aérea. Los costos de las expulsiones se financian con el pago de las multas por infracciones a la Ley de Extranjería», indica.
«La mantención de un reo en prisión asciende a alrededor de $700 mil pesos al mes. Si un reo es expulsado, ese gasto no se repite más, sin contar con que no será un peligro para la sociedad chilena en ningún momento», reflexiona el asesor.
Proceso de regularización
Mijael Bonito es también el principal rostro del Proceso de Regularización que este 22 de julio finalizará la etapa de registros.
Advierte que aquellos migrantes en situación irregular que no hayan realizado el trámite, se exponen a la expulsión.
«El hecho de no regularizarse les expone a procedimientos administrativos sancionatorios que podrían tener como consecuencia la expulsión. Por eso es que se ha insistido en que acudan a inscribirse», reitera.
Cabe mencionar que a la fecha, 140.554 personas se han regularizado. Lideran la lista los 46.173 ciudadanos de Haití (32,9%); le siguen los 26.869 de Venezuela (19,1%), 20.944 de Perú (14,9%) y 20.9441 de Colombia (11,3%).
