¿Se pueden regular los graffitis?

En la Comisión de la Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados se inició la tramitación de un proyecto de ley para definir las condiciones en que será legal hacer arte urbano, y establece sanciones para quienes realicen cualquier intervención sin tener la autorización municipal o privada correspondiente.

El autor del proyecto no incluye una forma de fiscalizar a infractores. El diputado Evópoli Luciano Cruz-Coke es el autor de la moción, y explica que la fuerza pública sería la encargada de perseguir a graffiteros ilegales, pero que con su propuesta se «da facultad a los municipios para sancionar con trabajos comunitarios que puedan ir en reparación del mismo daño que provocaron».

En nueve páginas, el documento recoge la importancia del arte urbano en las ciudades, destacando ejemplos como el Museo a Cielo Abierto de la comuna de San Miguel, o la ciudad de Valparaíso, que convoca a miles de turistas por sus calles intervenidas.

Por otra parte, en el proyecto de ley se puede leer que «el graffitero, o quien raya o “taguea” no lo hace con un afán artístico, (…) normalmente estos rayan o pintan el entorno con una intención de rebeldía al sistema, de dejar su marca», y se explica que esos rayados producen efectos nocivos en la salud por contaminación visual.

Para Claudio Caiozzi, artista urbano conocido como Caiozzama, cree que una ley como esta es necesaria para proteger edificios patrimoniales o paredes muy grandes. Pero reconoce que él también empezó haciendo rayados lejos de la calidad profesional, y que así mismo se ha ido perfeccionando.

«Creo que no va a servir. Van a seguir rayando las calles, eso no va a parar nunca. Es parte de la cultura urbana que existe en todo el mundo», explica Caiozzi, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, plasmando su obra en varios países. Y casi nunca pide permiso.

Otras indicaciones

El proyecto de ley en tramitación le da a las municipalidades la responsabilidad de permitir -o no- que un artista intervenga mobiliario público. En caso de tratarse de un edificio privado, el dueño del inmueble será el quien tenga la última palabra. Autorizar la intervención de un bien no implicaría que la municipalidad o el privado deban costear los gastos de producción de la obra.

En los lugares públicos, la comunidad podría exigir que el artista muestre una proyección de su creación antes de realizarla. Así los vecinos tendrían la oportunidad de oponerse y detener la producción.

Además se incluye una indicación que prohíbe la venta de aerosoles de pintura a menores de edad, mantener los envases fuera de la vista del comprador, y llevar un registro de compradores. «No está bien. No es un arma, tampoco es droga», opina Caiozzama.

Sobre los menores de edad, los padres asumirían la responsabilidad solidaria por el comportamiento de sus hijos.