El viernes de la semana pasada el Gobierno presentó el documento modificado respecto a la objeción de consciencia. En sus páginas, las que finalmente están firmadas por el Presidente y el Ministro de Salud, señala que la objeción de consciencia institucional será sólo para aquellas entidades de salud privadas que no posean convenios con el Estado en prestaciones del tipo gineco-obstétricas.
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Tras su publicación, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) señalaron que ante este nuevo documento, acudirían nuevamente al Tribunal Constitucional. Por otra parte, los diputados de Renovación Nacional por unanimidad decidieron recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de los alcances del dictamen sobre el reglamento de objeción de conciencia de la ley de aborto en las tres causales.
Tras la reunión de bancada, el jefe de esa instancia, Leopoldo Pérez, acompañado de Mario Desbordes, presidente de la colectividad y los diputados Luis Pardo, Sebastián Torrealba, Andrés Celis y Leonidas Romero, dio a conocer la decisión y así disipar las dudas sobre una posible presentación al Tribunal Constitucional.
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“Queremos pedirle esta precisión (a la Contraloría) a objeto que este dictamen no se vaya a transformar en un efecto dominó para toda la sociedad intermedia de nuestro país”, dijo el diputado Leopoldo Pérez, sobre las aprehensiones que existen al interior del conglomerado que esto pueda marcar un precedente en la relación entre el Estado y los privados en otros ámbitos de la sociedad civil. “Una vez que tengamos claridad de los alcances y dimensión de este dictamen estamos evaluando con nuestros abogados y expertos constitucionalistas recurrir al Tribunal Constitucional si así lo amerita la respuesta que nos de el señor Contralor. Por ahora no, lo estamos evaluando”, dijo Leopoldo Pérez
Por su parte, el presidente de RN y diputado, Mario Desbordes dijo que la acción «es prudente, tenemos aprehensiones respecto del dictamen y es prudente pedirle al Contralor que precise”.
¿De nuevo al Tribunal Constitucional?
«Esto debería tomarse como una catástrofe para el Gobierno. Por una parte la oposición se cuadró con el reglamento, y por otra el oficialismo está acudiendo de nuevo al Tribunal Constitucional», dijo a Publimetro el analista político, Germán Silva.
Según el Director del Centro de Estudios y Análisis de la Comunicación Estratégica (CEACE), de la Universidad Mayor, «en buen chileno se ha charlado el Tribunal Constitucional, hoy se podría decir que está funcionando como un quinto poder del Estado, y eso sería complejo considerando su vínculo con el poder Ejecutivo».
El académico explicó que es el Presidente de la República quien elige a quien preside el TC, y que además, ante las constantes denuncias que se están realizando podría verse afectado el rol de los diputados y senadores. «Legalmente se puede acudir las veces que se quiera, cumpliendo los requisitos. Sin embargo, se ha abusado y por eso en su momento se estudio la posibilidad de modificar el Tribunal Constitucional, pero esa propuesta quedó en el olvido».
Sobre el caso puntual del protocolo de objeción, el académico señaló que «la UDI se ha acostumbrado a llegar a esta instancia, sobre todo en aquellas leyes relacionadas con la agenda calórica». A los ojos de Silva, «para el Gobierno esto se convierte en una situación donde está durmiendo con el enemigo».
Desde la UDI
Desde la UDI, su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, señaló que “un derecho constitucional no puede ser condicionado por un convenio. Eso vulnera el principio de objeción de conciencia”. Javier Macaya, jefe de bancada de la UDI además dijo que “el contralor se equivocó. El Gobierno ha tenido que ajustar el reglamento, pero no por eso creemos que restringirá la objeción de conciencia. Se está dejando el 99% de las prestaciones ginecológicas”.
Sobre esto, la ministra Cecilia Pérez enfatizó que el nuevo reglamento dado a conocer por el Ministerio de Salud recogía dos derechos: “un derecho garantizado por el propio TC que decía relación con la objeción institucional y otro derecho que se hace cargo la Contraloría General de la República al rechazar el protocolo inicialmente ingresado, y en ese sentido, se señalaban que los recursos ingresados por DFL 36 que existieran en instituciones privadas, no podían ser objetores institucionales”. Además recordó que “en su minuto dijimos que no compartimos el dictamen de la Contraloría al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos”.
La iniciativa de presentarse nuevamente ante el TC habría surgido desde la Udi,en RN acudirán primero a Contraloría.