En medio del caso Penta, revisamos el historial del fiscal Guerra

Conocido por su facilidad para tratar con políticos y con la prensa, Manuel Guerra no deja de generar polémica.

Por Daniela Pinto

Aunque inició su carrera más cercano a la política como militante del Partido Radical y la masonería, Manuel Guerra decidió armar su carrera como fiscal. Muy cercano al ex fiscal nacional Sabas Chahuán, asumió en 2004 como fiscal jefe de Maipú. Pasó por la fiscalía de San Antonio, la unidad de tráfico de drogas y la fiscalía regional de Tarapacá antes de asumir como jefe de la fiscalía regional Metropolitana Oriente en 2015.

Ahí se encontró de cerca con casos que involucran posibles delitos de financiamiento irregular de la política. La combinación de dinero y poder llamó la atención de los medios y puso el nombre del fiscal Guerra varias veces en titulares.

Caso Penta: Iván Moreira

Era junio de 2014 y el fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, abría una causa por oficio que reunía datos del Caso FUT, de fraude al fisco por irregularidad en impuestos, con presuntas irregularidades en el financiamiento de la política chilena. En 2015 Manuel Guerra asumió la dirección de la investigación que ya se hacía conocida como "Caso Penta".

Casi cuatro años después de iniciado ese trámite, Gajardo renunció a la fiscalía. Junto al también fiscal Pablo Norambuena, empezaron a tener roces con su superior Manuel Guerra. No estaban de acuerdo con la dirección que su jefe estaba tomando en la investigación.

Moreira Aton

Uno de los políticos en la lupa de la indagación era el UDI Iván Moreira. Formalizado en 2015 por recibir $35 millones a través de boletas ideológicamente falsas para financiar su campaña senatorial de 2013, recién en 2017 se consiguió su desafuero parlamentario para que pudiera enfrentar a la justicia como un ciudadano más.

Moreira, según informó T13radio en 2015, reconoció haber pedido financiamiento de manera irregular, ya que se había hecho a través de honorarios a terceros, aunque aseguró que todas fueron personas que sí trabajaron en su campaña. Afirmó que "no soy de aquellos que para evadir sus responsablidades culpan a otros o se escudan en el argumento de que son prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca, no cabe la teoria del empate", y se comprometió a colaborar con la investigación.

Tras su desafuero, Moreira disparó contra la fiscalía diciendo que se estaba criminalizando la política. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, apoyó a su institución diciendo que había "antecedentes serios y graves para seguir con la investigación". Guerra incluso había hablado de la posibilidad de llevar a los acusados por el Caso Penta a un juicio oral.

Por eso los fiscales Gajardo y Norambuena fueron los primeros en reaccionar cuando en enero de este año se anunció su superior llegaría a un acuerdo con Moreira para hacer un juicio abreviado. Sin juicio oral, no habría sentencia criminal. Gajardo, quien ya había dicho que Penta era “una máquina para defraudar al fisco”, incluso publicó un Twitter con una cita al fiscal nacional Jorge Abbott, donde aseguraba que “en aquellos delitos de mayor relevancia social vamos a privilegiar llegar a juicio oral con el objetivo de obtener la mayor cantidad de penas”.

La arista de Iván Moreira en el Caso Penta terminó con el senador aceptando las dos condiciones de la Fiscalía: fijar su domicilio y pagar los $35 millones defraudados al fisco. Y también con la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena.

Exalmar

Bancard es el family office que el Presidente Sebastián Piñera dejó a cargo de sus acciones e inversiones durante su primer mandato. El mandatario aseguró que había hecho un fideicomiso ciego, o en otras palabras, que no estaría al tanto de los negocios que Bancard hiciera con sus activos.

piñera Aton

El problema llegó en 2016, cuando el diputado comunista Hugo Gutiérrez había levantado una querella contra el entonces ex-presidente Sebastián Piñera, por uso de información privilegiada y negociación incompatible.

La acusación era grave: según el diputado comunista, Piñera se había aprovechado de la información que tenía como primer mandatario para hacer negociaciones de una de sus empresas con la pesquera peruana Exalmar. En esa época ambos países estaban en disputa en la Corte Internacional de La Haya por la soberanía de territorio marítimo. El fallo a favor de Perú modificó el mapa oceánico, pero además benefició a los negocios de la familia Piñera.

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena seguían trabajando para la Fiscalía Metropolitana Oriente, y Guerra le comunicó a Abbott sobre la querella del parlamentario. Fue el mismo Guerra quien declaró admisible la acusación.

Después de nueve meses de investigación, en julio de 2017 Guerra pidió el sobreseimiento definitivo de la causa. A pesar de que el informe de la comisión especial investigadora concluyó que Piñera no cumplió con hacer una acabada declaración de sus bienes, y que "tal omisión impidió conocer otro conflicto de intereses relacionado con la demanda interpuesta por Perú contra Chile en el Tribunal de La Haya, que pretendía y consiguió la modificación del límite marítimo", Piñera fue absuelto de todos los cargos.

"El Ministerio Público llegó a la convicción de que los hechos indagados no son constitutivos de delitos", se leía en el comunicado de prensa que liberó la fiscalía. El caso terminó con declaraciones cruzadas en el mundo político. Chile Vamos acusando una campaña sucia de la Nueva Mayoría, y representantes de la ex-Concertación haciendo reproches éticos a Piñera.

"Es muy relevante lo que ocurre con la inversión en paraísos fiscales, porque el ex Presidente Piñera ha dicho en varias ocasiones que en la comisión el director del SII (Fernando Barraza) dijo que él había pagado todos los impuestos, cosa que es mentira; aquí le ha mentido al país", declaró el DC Fuad Chahín.

Además el único querellante, el PC Hugo Gutiérrez terminó siendo condenado a pagar los costos del proceso que inició, monto fijado en $2,5 millones.

Délano, Lavín y Wagner

Los controladores de Penta, misma empresa de la que Iván Moreira reconoció haber recibido plata con boletas ideológicamente falsas, son otra parte del Caso Penta. Ya en agosto del 2014 el SII se querelló contra Carlos Délano y Carlos Lavín para que fueran investigados por presunto delito tributario. Dos meses después el PS se sumó como querellante por delito de cohecho, y The Clinic informa que la fiscalía investiga pagos que Penta le habría hecho Pablo Wagner mientras ejercía como subsecretario de minería para Sebastián Piñera.

Délano y Lavín, caso Penta Aton

Más tarde el Consejo de Defensa de Estado presenta otra querella contra Wagner por cohecho y soborno. Ya en enero de 2015 se publican nuevos antecedentes y más nombres ligados al financiamiento irregular de la política. Desde la UDI admiten que pudieron haber habido errores en los procesos, pero no ilícitos.

Ese fue un mes cargado de noticias, porque Iván Moreira reconoció haber usado boletas falsas para financiar su campaña, y las acusaciones contra Wagner, Délano y Lavín seguían acumulándose.

En febrero el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán asumió la responsabilidad de la investigación junto a tres fiscales, entre ellos, Carlos Gajardo. Al mes siguiente Wagner, Délano y Lavín quedaron bajo la medida de prisión preventiva, y otros siete acusados con arraigo y medidas menores. El fiscal Guerra llegó a reemplazar a Chahuán en esa investigación en noviembre del 2015, cuando el ex-Fiscal Nacional dejó su cargo.

Tras cuatro años de investigación y acusaciones contra los controladores de Penta y el ex-subsecretario, Manuel Guerra decidió no imputarlos por cohecho y soborno, optando por un juicio abreviado que zanjó el caso con un juicio abreviado para Délano y Lavín, que fueron condenados por delitos tributarios y no cumplirán pena de cárcel.

La medida contradice lo que hace un mes objetó la fiscalía nacional. Según reportó La Tercera, el fiscal Guerra pidió la opinión a la Unidad Anticorrupción su institución, y la respuesta fue los antecedentes de los imputados eran delitos de cohecho, y que lo correcto habría sido mantener la formalización original de marzo de 2015.

El Dínamo informa que en 2016 el mismo fiscal Guerra confiaba en poder llegar a un juicio oral contra los acusados y afirmó que "no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado si ellos no asumen el cohecho", postura que esta semana parece no haber existido.

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