A principios de año, Contraloría detectó irregularidades en la gestión financiera en la Municipalidad de La Florida. La falta de más de $20 mil millones, el no pago oportuno de cotizaciones de funcionarios y más $2.000 millones destinados a las áreas de Salud y Educación de la comuna no fueron depositados en las cuentas creadas para ello.
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Cinco meses después de reportado el caso, los concejales Nicanor Herrera, Marcela Abedrapo, Nicolás Hurtado y Claudio Arredondo, presentaron una querella contra el alcalde Rodolfo Carter por su responsabilidad administrativa.
El concejal Hurtado enfatizó que el déficit está afectando directamente a los habitantes de la comuna. Afirmó que “la situación no da para más. Hoy estuvimos viendo cómo los colegios de la comuna se encuentran absolutamente anegados. Los vecinos y las vecinas están viviendo los problemas que tienen esta falta de recursos”.
Acompañados por la diputada Camila Vallejo (PC), y los diputados Miguel Crispi (RD) y Amaro Labra (PC), los concejales llegaron a hacer la denuncia al 14º Juzgado de Garantía de Santiago, donde también acudieron dirigentes de funcionarios municipales y dirigentes sociales.
“Ya han pasado cinco meses desde que Contraloría entregó su informe, y los floridanos y las floridanas siguen esperando que el alcalde dé la cara sobre un asunto que afecta a su salud y educación”, afirmó el diputado Crispi. El parlamentario ya había presentado un recurso de protección en contra del alcalde, por infraccionarlo tras difundir información sobre el conflicto en una feria de La Florida.
La diputada Vallejo explicó que “no queremos que una vez más los delitos de cuello y corbata queden impunes. Acá hay un informe lapidario respecto al mal manejo de los recursos públicos, hay una investigación en curso por parte del ministerio público y esperamos que esta querella establezca no solamente las responsabilidades, sino que también las sanciones y las penas correspondientes”.
La acción de los concejales se suma al allanamiento de hace un mes por parte de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI a las oficinas de la municipalidad en el marco de una investigación por una posible malversación de caudales públicos.
De comprobarse un delito de malversación de fondos, Carter arriesga una suspensión del cargo de hasta dos años. Por el delito de apropiación indebida arriesga un presidio de hasta tres años y una multa de hasta 30 UTM.
