La caída del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, fue la gota que rebalsó el vaso. Aquel mismo 12 de julio, día en que una de los cargos más altos de la iglesia chilena era detenido, el Fiscal Nacional Jorge Abbott terminó por convencerse: ese jueves, todos los fiscales regionales recibieron en su correo la orden de designar un fiscal especial para investigar los abusos sexuales por parte de religiosos.
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Según revela La Tercera, ese correo lo envió el director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres. La orden, sin embargo, era urgencia del propio Abbott.
Casi un mes antes, el propio Torres había enviado otro mail en tono de consulta, preguntando a los mismos fiscales si creían conveniente darle relevancia a los casos de abuso su región. Semanas más tarde, el tono de pregunta pasó a ser un dictamen.
Sin embargo, la situación de Óscar Muñoz, que gozó de una posición privilegiada en las altas esferas de la iglesia desde 2002, mismo año en que habría abusado de su primera víctima, desnudó nuevamente la inoperancia eclesiástica a la hora de manejar las denuncias.
Lo del ex canciller religioso recién se supo gracias a la jugada que urdió El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, el primero en requisar documentos del Arzobispado de Santiago y el Tribunal Eclesiástico. Allí se descubrió, entre otras cosas, que Muñoz se había auto denunciado el pasado 2 de enero, asumiendo que se propasó con un menor. Pese a eso, se abrió otra duda aún mayor: el actuar delincuencial de Muñoz era de conocimiento de la iglesia hacía años, entonces ¿por qué jamás perdió su alto estatus?
Esa interrogante ahora incluso mancha al cardenal Ricardo Ezzati, quien está siendo investigado por un posible encubrimiento sistemático. «El encubrimiento aparece con posterioridad a cuando el delito se comete y la hipótesis que ha sido investigada en este momento es si se ha favorecido habitualmente a malhechores», explicó Arias el martes. El pasado 12 de julio, de hecho, a Ezzati se le requisaron varios pendrives y documentos de su oficina.
Posibles nuevos antecedentes
Los primeros frutos del trabajo conjunto entre Arias y Abbott podrían ver más resultados luego de que Fiscalía decidiera solicitar formalmente al Vaticano el informe de Charles Scicluna, el enviado papal que hizo la investigación de los abusos en Chile. Que se faciliten los informes con 64 testimonios de víctimas de religiosos, eso sí, no es un hecho. «Habitualmente ni el Papa ni el Vaticano suele entregar los informes pontificios a nada ni a nadie», advirtió ayer el vaticanista José Vidal a Cooperativa.
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De momento, Fiscalía maneja otra carta: solicitar las causas y expedientes de sacerdotes hechas antes de la reforma procesal del 2000. ¿La razón? la cultura intransigente de la iglesia a la hora de denunciar hace prever que los mismos religiosos con faltas en el milenio pasado, bien podrían haber continuado sus delitos a lo largo de los años.