El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que el Ejecutivo podría recurrir al Tribunal Constitucional tras el rechazo en la Comisión de Gobierno de la Cámara del requisito de permanencia en Chile de dos años a los extranjeros para poder acceder a los beneficios sociales.
PUBLICIDAD
En la sesión de ayer, los diputados de oposición rechazaron esta indicación del Gobierno, por lo cual el proyecto de nueva ley de migraciones sólo exigirá requisitos de avecindamiento para que los extranjeros obtengan cerca de 20 de 300 beneficios sociales, entre ellos el bono marzo de $45.000.
Tras el rechazo, el subsecretario Ubilla declaró que “el Ejecutivo está evaluando si hay una inconstitucionalidad porque el artículo propuesto por nosotros estaba acotado y ahora queda abierto. Podríamos hacer reserva de constitucionalidad, un veto presidencial o reponer indicaciones en el Senado en segundo trámite».
Agregó que los diputados que rechazaron la exigencia de dos años «actuaron de manera irresponsable, porque el país no tiene los recursos para poder absorber necesidades de todos los chilenos que lo necesitan, y quieren abrir estos beneficios a todos los que recién se instalan en el país, sin ningún tipo de arraigo».
Vivienda
En la sesión también se abordaron artículos sobre la seguridad social, el acceso a la educación y el derecho de acceso a la vivienda propia.
La presidenta de la comisión, Daniela Cicardini (PS) informó que se avanzó en el derecho al acceso a la vivienda propia. “Los migrantes tienen ciertos requisitos en la ley de Vivienda y Urbanismo siempre y cuando ellos puedan tener una residencia permanente. Algo totalmente legítimo, ya que se están proyectando en nuestro país», comentó.
Dijo que se hizo la salvedad de que hoy día se establecen también ciertos subsidios al arriendo, «pero que no quede en el contexto de que sean residentes permanentes, sino que solamente extranjeros porque eso, de alguna u otra forma, ayuda a poder abordar el tema de los hacinamientos. Por lo tanto, quedó redactado de tal manera que se diera esa posibilidad de acceder siempre y cuando sean residentes, abierto para el subsidio de arriendo”.
PUBLICIDAD
Educación superior
Otro de los ámbitos en los que se avanzó y en el que hubo un marcado interés fue el derecho a la educación superior y que fue subrayado por el diputado Andrés Longton (RN).
“Se aprobó el derecho a la educación universitaria. Si bien se establecía la prebásica, básica y media, faltaba este derecho que fue introducido por parlamentarios y que fue adherido ampliamente por el Ejecutivo. Lo que a nosotros nos parece muy razonable ya que va con el espíritu del proyecto en virtud de establecer derechos, pero también obligaciones y, en este caso, la obligación tiene que ver con la permanencia. Es decir, que exista un arraigo en el país para poder acceder a estos derechos”, señaló.
