A las formalizaciones en distintos puntos del país como Puerto Varas, Antofagasta, Calama, Rancagua, Quintero, Santiago o Los Vilos, entre otros, el caso Sename sumará ahora la muerte de una adolescente en el incendio de una residencia colaboradora del servicio, hecho ocurrido en 2013 en la ciudad de Coyhaique.
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La audiencia quedó fijada para el viernes 10 de agosto, a las 9:20 horas, en el Juzgado de Garantía de Cohayque, y en ella el equipo liderado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, formalizará por cuasidelito de homicidio a la entonces directora de centro.
El incendio que afectó a la residencia infanto-adolescente RSP-PER Coyhaique, perteneciente a la Fundación Hogar de Cristo, ocurrió en la madrugada del 26 de agosto de 2013.
En el siniestro murió la joven Daniela F.S. (17), quien hacía dos años había llegado a ese centro por disposición del Juzgado de Familia de Cochrane, quedando bajo el cuidado personal de la residencia, acreditada como organismo colaborador (OCA) del Servicio Nacional de Menores.
El fiscal Emilfork declaró que «a partir de la nueva mirada, de la profundidad que estamos dando a los distintos casos de fallecimientos, hemos logrado establecer que existe responsabilidad penal por cuasidelito de homicidio de quien la tenía bajo su cuidado personal, que es la directora del centro».
Emilfork, quien indaga a nivel nacional los fallecimientos de niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo del Sename, afirmó para él y el equipo de fiscales que participa en esta indagatoria «todos los casos tienen nombre, apellido, una historia de vida y por lo tanto para nosotros significa dar una mirada distinta, dar una mirada desde los Derechos Humanos de los niños y, por lo tanto, un nivel de autoexigencia tremendamente importante para lograr reconstruir esas historias y poder establecer si existió o no responsabilidad penal en cada uno de los fallecimientos».
«Con el paso del tiempo el equipo investigativo ha ido adquiriendo un nivel de expertise mayor, lo cual ha permitido también establecer responsabilidades penales que quizás antes no se pudieron establecer», añadió en referencia a otras formalizaciones por cuasidelito de homicidio que han sido descartadas por los tribunales.
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En cuanto a las penas de los cuasidelitos de homicidio, explicó que éstas «son bajas en nuestro ordenamiento jurídico, de hecho incluso admiten, de acuerdo a la legislación, salidas alternativas» .
Sin embargo, señaló que «tenemos una obligación como Estado de investigar en profundidad cada uno de estos casos, más allá de las penas que el ordenamiento establezca para estas situaciones”.
“Nosotros no somos quienes establecemos las penas, no somos quienes legislamos; los fiscales nos dedicamos a investigar, de la mano de las víctimas, con consciencia social y muy apegados a valores fundamentales de una sociedad en un Estado de Derecho como son los Derechos Humanos y los derechos de todas las personas, especialmente de aquellos más vulnerables como son los niños», concluyó.
