Acoso sexual será atacado con fuerza por el Poder Judicial chileno tras aprobación de protocolo

Entre las normas especiales para la investigación están las de asegurar la participación de la persona denunciante durante todo el proceso a fin que pueda ejercer sus derechos

Por AGENCIAS

El pleno de la Corte Suprema informó este domingo que aprobó el "Procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno"  asumiendo así el compromiso institucional de erradicar esta  conducta  al reconocerla como una manifestación de violencia de género y  por tanto una violación a los Derechos Humanos, que afecta principalmente  y de manera desproporcionada  a las mujeres.

La ministra Andrea Muñoz, encargada de los asuntos de género del Poder Judicial,  indicó que "sabemos que no será fácil ya  que es una cuestión que requiere un cambio en la cultura que como país debemos asumir. Sin embargo, creemos que es un paso importante para visibilizar estas conductas, dejar de naturalizarlas y erradicarlas del espacio laboral el protocolo en sí mismo es un mecanismo de prevención y considera medidas que permiten dar información a las denunciantes y protección  a las víctimas y garantiza un debido proceso".

La elaboración de este protocolo forma parte de un conjunto de medidas que el Poder Judicial ha adoptado a partir  de un estudio diagnóstico realizado a fines de 2015 y principios de 2016 dentro del Poder Judicial,  que reveló que una de cada diez personas habían experimentado o presenciado acoso sexual y que de ellas, sólo el 22% utilizaba alguna vía institucional para denunciar, visibilizando la urgencia de abordar de forma integral este tema.

Es así como, en febrero de 2017, se constituyó una mesa de trabajo con integrantes del Poder Judicial, liderada por la secretaría técnica de igualdad de género de la Corte Suprema, quienes durante un año sesionaron  para elaborar una propuesta, contando asimismo con la colaboración de expertos y académicos en materia de género, psicología y derecho laboral.

 

¿En qué consiste el Protocolo?
El protocolo, que entró en vigencia el 1 de julio de 2018, tiene como finalidad regular la investigación de hechos que pudieran constituir acoso sexual -respetando las garantías de las personas involucradas-, la imposición de sanciones a las personas responsables, la adopción de medidas eficientes de resguardo a la víctima y las necesarias para evitar la repetición de la conducta reprochada.
Se refiere específicamente al acoso sexual (lo define y menciona conductas a modo ejemplar) y a las acciones de hostigamiento laboral que deriven de aquel, precisando que pueden denunciar  no solo los integrantes del Poder Judicial, sino que usuarios y usuarias y personas que prestan servicios a la institución, cuando consideren que esta conducta ha sido cometida por alguno de sus integrantes.
Entre las normas especiales para la investigación están las de asegurar la participación de la persona denunciante durante todo el proceso a fin que pueda ejercer sus derechos; así como la de excluir prueba basada en conceptos estereotipados sobre género y prohibir la referida a la vida sexual o afectiva de la persona denunciante, ajena a los hechos investigados.
Dispone como principio del procedimiento, el de  diligencia y celeridad a fin de evitar la burocratización del proceso, además de los de confidencialidad, imparcialidad y protección a la dignidad e integridad de las personas.
Asimismo establece la posibilidad de implementar medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento, y en cuanto a la sanción, establece  la mayor jerarquía de la persona como una agravación de su conducta, entre otras, y permite la adopción de   medidas reparatorias al momento de imponer la sanción con el fin de restablecer la confianza entre la víctima y la institución.

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