El ejército a las calles: la polémica decisión de Macri de reformar las Fuerzas Armadas en Argentina

El presidente Mauricio Macri anunció hoy el plan de reforma de las Fuerzas Armadas.

Habrá un replanteo en el despliegue de unidades y enviará más militares a la frontera norte para combatir el narcotráfico. En agosto el jefe del Estado enviará 500 efectivos a zonas vulnerables de Salta, Formosa y Misiones y en un año sumarán unos 5000.

«Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión y ausencia de políticas a largo plazo. Seguimos conservando el despliegue territorial para amenazas antiguas», sostuvo.

Así se impulsará, entre otros cambios, una “reestructuración operativa” de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos en las calles de la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país.

También detalló algunas iniciativas de formación militar para «poner en valor a la familia militar». Macri ya había anunciado la intención del gobierno de alinearse a la política de seguridad internacional norteamericana por primera vez en 2016 y desde entonces generó el rechazo de especialistas en el tema y de los organismos de derechos humanos, por la posibilidad que abre para utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos de carácter social y político.

Para esto, el gobierno debe modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior de 1988 y 1991, respectivamente, y el decreto 727 de 2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior.

Reacciones en contra

Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático caracterizado por el control político civil, la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos.

Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales- aseguró que «la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad establecen claramente que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior.La única excepción que pone es la cuestión del apoyo logístico o situaciones de crisis, que no son las que atravesamos».

En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de “policialización” de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional. Todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática, sostiene en un documento el CELS. 

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