La mina de cobre de Chuquicamata amaneció parada y con sus accesos bloqueados. Cuatro sindicatos se adjudicaron las movilizaciones con cuatro peticiones mínimas para deponer la huelga: reincorporación inmediata de dos trabajadores despedidos, instalación de mesas de trabajo de las diferentes gerencias, cese a prácticas antisindicales, y el cumplimiento de la norma 3262 de Diversidad de Género.
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La mina a rajo abierto Chuquicamata está en una fase de cambios que incomoda a los trabajadores. Para extender en 40 años la vida útil de la mina, se están haciendo trabajos para convertirla en subterránea, y los sindicatos temen que se pueda traducir en despidos masivos.
Los trabajadores acusan que dos de sus compañeros fueron despedidos injustificadamente, mientras que la minera asegura que fue un despido por «desahucio» y no «por necesidades de la empresa», como afirman los miembros del sindicado. La empresa estatal declaró que no existen planes para hacer despidos masivos.
Durante la mañana Codelco lanzó un comunicado donde acusó que la movilización era ilegal, y aseguró que «siempre han estado y estarán abiertos los espacios de diálogo con la dirigencia sindical.
Mauricio Barraza, gerente general de la división de Chuquicamata de Codelco, informó que la paralización habría provocado una pérdida de US$4 millones.
La empresa estatal del cobre anunció en su comunicado que «resulta imperativo mantener la continuidad de marcha de los procesos productivos», medida que se concretó con la acción de Carabineros, quienes desalojaron a los dirigentes sindicales.
