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Sin ningún arrepentimiento: qué revelan los informes de Gendarmería sobre los 7 reos de Punta Peuco beneficiados por el “Supremazo”

La mayoría tenía reportes de conducta sobresalientes. Jugaban tenis y tenían clases de alemán pero ninguno daba crédito del mal causado.

Siete libertades condicionales otorgadas a condenados por delitos de lesa humanidad en menos de 24 horas encendieron la polémica entre los defensores de los DD.HH. La decisión de la Corte Suprema, de ahí que el caso se bautizó como «Supremazo», levantó la discusión en varios sectores. ¿Cuáles fueron los motivos de la Sala Penal para considerar el beneficio a estos reos, siendo que la Comisión de Libertad Condicional ya se los había negado? Esos detalles solo se saben dentro de la Suprema.

Sin embargo, hoy se reveló un antecedente: lo que decían los informes de Gendarmería sobre los siete reos beneficiados.
Tal como publicó hoy La Tercera, la mayoría de estos presos fueron catalogados con conductas «sobresalientes» en su encierro. Pero lo que resulta más llamativo es un patrón que se repite en todos: la total o parcial falta de arrepentimiento y culpabilidad.

Tenistas y buenos para hacer aseo, pero sin culpa

Manuel Pérez Santillán, condenado por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, ingresó al penal a mediados de 2015. Sus informes lo catalogan como «sobresaliente» por colaborar en el “retiro de basura al exterior de la unidad” y destacaba por sus “diversas actividades laborales y de capacitación”. Dicho eso, el informe psicológico dice que “reconoce solo parcial y circunstancialmente su participación en los hechos por los cuales cumple condena (…) si bien manifiesta encontrarse arrepentido de haber acudido a Uruguay, no considera haber realizado actos ilegales, por lo que no se aprecia arrepentimiento respecto del ilícito”, se lee.

Algo parecido ocurre con el capitán (R) de Carabineros Gamaliel Soto Segura de 72 años. Ingresó en 2013 a Punta Peuco, fue valorado como «sobresaliente» por sus labores con la basura y jugar tenis, aunque cuando se trata del secuestro calificado por el que se le imputó, demostraba «una ausencia de conciencia del mismo, reconociendo solo que pertenecía a la comisaría en la cual fue detenida la víctima». Junto a eso, demostraba «bajos niveles de empatía y una mermada capacidad para enjuiciar críticamente su comportamiento (…), refiriendo insistentemente que se encuentra privado de libertad por una venganza política y que es inocente, porque no ha cometido delito alguno”.

Y así se repite en todos los casos. El suboficial mayor (R) del Ejército Felipe Gonzáez Astorga, también condenado por secuestro calificado, tenía reportes sobresalientes por hacer aseo y leer constantemente. Pero frente a sus delitos, en cambio, “niega toda responsabilidad en los hechos por los que cumple condena, refiriendo que solo se limitó a cumplir órdenes”. Lo mismo con Hernán Portillo Aranda (66), suboficial mayor (R) del Ejército que ingresó en 2015 a Punta Peuco y era reconocido dentro del penal por ser «artesano y practicar deportes de su interés», aunque minimizaba su causa  porque entendía que su comportamiento era atribuible al “cumplimiento de su deber militar”.

En el caso del suboficial (R) José Quintanilla Fernández (66), que ingreó a Punta Peuco en enero de este año, se destaca que mantenía un “huerto en un patio de su dependencia” y en su reporte psicológico decía que la culpabilidad por su condena de secuestro calificado era «“ausente» y no lograba «visualizar el carácter ilícito de su comportamiento, realizando una muy superficial elaboración al respecto, negando haber cometido delito alguno. Se tiende a victimizar y justificar su rol, donde comenta que ofrece ayuda a los detenidos”.

Con el coronel (r) Moisés Retamal Bustos (68) pasaba igual. Destacado como «sobresaliente» por colaborar con el aseo, jugar tenis y participar en clases de alemán. Sin embargo, no había «muestra arrepentimiento respecto de acciones suyas ligadas con los hechos delictivos”.

Finalmente, en el caso del coronel (r) y piloto de helicóptero Emilio Robert de la Mahotiere (81), condenado por homicidio calificado, sus informes dicen que colaboraba con «el retiro de basura al exterior de la unidad” y el informe psicológico daba señales de que su culpabilidad por el mal causado era “insuficiente (…). No logra profundizar en aquellas temáticas. Asimismo, niega haber efectuado mal alguno a terceros y centra su discusión únicamente en el daño percibido por sí mismo y su familia, producto de la reclusión”.

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