Cinco de los empresarios sospechosos de integrar lo que apunta a ser una de las mayores tramas de corrupción que se recuerden en Argentina, admitieron ante la justicia culpabilidad y al menos tres firmaron un acuerdo para concretar su excarcelación.
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Los «arrepentidos» Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la constructora Iecsa; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa ; y Juan Carlos de Goycoechea, ex director regional en Argentina de la firma de ingeniería y construcción española Isolux Corsán, declararon y firmaron un convenio con el juez de la causa Claudio Bonadio.
Más tarde se conoció que los empresarios Alejandro Ivannisevich, ex dueño de Emgasud; y Manuel Santos Uribelarrea, dueño de negocios agropecuarios MSU, confesaron que pagaron coimas a ex funcionarios kirchneristas durante su citación a declarar. Ambos fueron imputados por el delito de partícipes necesarios de la asociación ilícita y se escudaron bajo la figura de que en realidad se trataba de aportes para la campaña, según Clarín.
El fiscal Carlos Stornelli, quien colabora en la pesquisa, señaló que espera que comiencen a cundir los arrepentimientos entre los investigados, entre los que hay además al menos seis ex funcionarios. Sobre la causa rige el secreto de sumario.
Este martes el senado de Argentina debatirá si autoriza al juez Bonadio a allanar el departamento de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández en sus casas en Recoleta, Río Gallegos y El Calafate, junto a su hotel Los Sauces.
Goycoechea
Este lunes Goycoechea, que el viernes había solicitado firmar el acuerdo ante el fiscal Carlos Stornelli para entregar información, admitió que pagó dinero a ex funcionarios para “campañas electorales” a cambio de realizar obras públicas.
Reconoció que durante el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) realizó varios sobornos a funcionarios para “campañas” por 300 mil dólares cada uno y podían ser trimestrales, negando así la cifra de 12,8 millones de dólares que le adjudicaba la justicia.
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El empresario aseguró que aportó esos fondos presionado por las circunstancias, no los consideró sobornos. El empresario ha solicitado su excarcelación.
“Se sobreentendía que si no pagaba le frenaban los pagos para obras”, indicó el lunes al canal América el abogado Juan Araoz de Lamadrid, defensor de De Goycoechea, quien es uno de los empresarios detenidos que se han presentado ante el juez Claudio Bonadío.
El primo de Macri y Caballero
Otro de los empresarios investigados es Ángelo Calcaterra quien según medios de prensa también admitió ante el juez el lunes el pago de montos para las campañas kirchneristas por parte de Iecsa, una vez que conoció que el ex director de la empresa, Sánchez Caballero, estaba encarcelado y dispuesto a confesar.
La justicia acusó a Caballero de «realizar pagos por ODS SA y por IECSA SA, que se concretaron en Machaca Güemes 351 en el garaje del hotel Hilton», de acuerdo con Clarín, además de entregar 1.500.000 dólares a Nestor Lazarte, secretario de Baratta; y el pago de coimas por 6.550.000 dólares en otras trece fechas de acuerdo con los cuadernos. Calcaterra rechazó la cifra e indicó que fue menor, según el medio argentino.
Tras su declaración Caballero salió en libertad y el primo de Macri, que no tenía ordenada la prisión preventiva, logró la eximición de prisión.
La diputada oficialista Elisa Carrió, cercana al mandatario, celebró la decisión de Calcaterra de presentarse ante la justicia. «Sé el dolor que significa en lo personal para el presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo”, dijo la legisladora en su cuenta de Twitter.
La empresa que perteneció al primo de Macri también es investigada en la trama argentina del escándalo Lava Jato. Ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht admitieron que pagaron 788 millones de dólares entre 2001 y 2014 en diez países latinoamericanos, entre ellos Argentina.
Los Kirchner
Cristina Fernández no ha hecho declaraciones públicas desde que la semana pasada estalló el escándalo por el presunto pago de sobornos millonarios por parte de al menos ocho grandes empresarios de los sectores energético y de la construcción al ministerio a cargo de las obras públicas.
La actual senadora opositora fue llamada a declarar el 13 de agosto por el juez Bonadío, quien junto al resto de los investigados la considera sospechosa de integrar una asociación ilícita.
La causa se basa en una pesquisa del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los ex funcionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios supuestamente pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas.
Entre los destinos a los que llegó el dinero -mencionados en los cuadernos- está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.
El chofer habría trasladado al menos 160 millones de dólares en bolsas en un auto.
Los cuadernos
Algunos juristas critican la falta de pruebas de peso en el marco de la causa, ya que las investigaciones judiciales se realizaron a partir de las fotocopias de los cuadernos, que fueron suministradas a la justicia por La Nación. Los originales habrían sido quemados por el chofer.
Sin embargo, el fiscal ha señalado que los datos aportados por esos cuadernos han sido corroborados con otros elementos y otras evidencias que aún no han tomado estado público.
El chófer se acogió a la figura de “imputado colaborador” en su declaración para lograr una reducción de su eventual condena y se prevé que De Goycoechea y Calcaterra hagan lo mismo.
Analistas consideran que los cuadernos comprometedores podrían aportar nuevos indicios a la trama argentina del Lava Jato sobre el pago de sobornos para obras como el soterramiento de un tren.
