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¿Qué pasará ahora? Gobierno argentino confirma proyecto alternativo para despenalizar el aborto

Tras más de 12 horas de debate, el senado del país transandino rechazó legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. El ejecutivo asegura que impulsará una reforma al Código Penal para despenalizar el aborto punible.

38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia sellaron una discusión que se llevaba en Argentina desde hace meses. La madrugada del jueves, el senado del país cuna del Papa Francisco rechazó el proyecto que modificaría la ley de aborto en causales a una lógica de plazos. El gobierno anunció que apoyaría una reforma para despenalizar el aborto desde el Código Penal.

Pero la posibilidad de interrumpir un embarazo voluntariamente sigue presente, aunque no en forma de ley. El Código Penal argentino contempla el aborto como un delito, aunque hay casos en los que es «no punible».

Actualmente en Argentina el aborto puede darse de forma legal en casos de violación o riesgo de vida de la madre, e incluso existe una guía técnica -publicada por el Ministerio de Salud- que define en qué casos se puede recurrir a la interrupción del embarazo. Una reforma al compendio de normas jurídicas podría despenalizar la práctica del aborto voluntario, pero no entregaría respaldo médico, ya que la tipificación del aborto seguiría siendo de «delito», aunque no habría una pena asociada.

Según informa Clarín, La Casa Rosada consideraría este camino como menos controvertido, aunque no estaría exento de polémica. El medio transandino explica que el actual proyecto de reforma al Código Penal dejaría la despenalización a criterio de cada juez. Ahora la discusión es sobre dejar la reforma así, o directamente sacar el castigo legal a quienes se practiquen un aborto.

“Sabemos que por un tiempo es la única chance que queda”, dijo a Clarín uno de los funcionarios a favor de la legalización. Aunque la posible reforma que se discutirá a partir de ahora le quita las penas a las mujeres, se mantendrían las medidas punitivas contra médicos, cirujanos y farmacéuticos que participen en el proceso.

La asistencia médica por parte del Estado quedaría reservada a los casos de violación y riesgo de vida la mujer, por lo que quienes quieran practicarse un aborto fuera de esas dos causales, seguirían teniendo que recurrir a la clandestinidad.

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