:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/4Y4UA5KUPVGABNXVTOZVPVGTJA.jpg)
El gobierno argentino ofreció el jueves una recompensa a quienes entreguen datos que ayuden a recuperar dinero o bienes mal habidos en la causa en la que la ex presidenta Cristina Fernández está acusada de liderar una red de corrupción integrada por ex funcionarios y empresarios.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución que dispone una recompensa del 5% del valor recuperado hasta un máximo de dos millones de pesos (unos 65.700 dólares) y que asegura el anonimato del colaborador.
En la causa sobre la considerada la mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina hay hasta ahora al menos 42 investigados, entre ellos 14 detenidos y al menos una decena de arrepentidos. Además de Fernández (2007-2015) también aparece salpicado su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Recibirán la recompensa “aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes” en el marco de la pesquisa dirigida por el juez federal Claudio Bonadío, señala la resolución.
Macri y Cristina
Fernández, actualmente senadora de la oposición, ha negado ante la justicia ser la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas.
Acusó además al juez Bonadío de inventar causas en su contra y de estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.
Macri se refirió el jueves públicamente al caso en un acto con empresarios en el que afirmó que «si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo».
Entre los empresarios que desfilaron ante el juez Bonadío está Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri, quien se ha convertido en uno de los arrepentidos en la causa. Según versiones de la prensa con acceso a la pesquisa, el que fuera dueño de la constructora Iecsa declaró que hizo pagos a exfuncionarios kirchneristas bajo presión y para “campañas electorales”.
Como otros arrepentidos quedó bajo libertad y podría conseguir condiciones ventajosas a la hora de un eventual juicio. Macri no ha hecho referencias públicas a la situación de su familiar.
En su declaración ante la justicia Fernández pidió que se investigue toda la obra pública y que la pesquisa alcance a Macri y sus familiares por haber liderado durante años empresas adjudicatarias de obras públicas.
Varios empresarios han reconocido ante el juez el pago de sobornos para adjudicarse obras y un ex funcionario afirmó que entregó a Kirchner bolsos con dinero recolectado entre empresas y que la entrega fue delante de su esposa en la casa de gobierno, según las versiones de prensa con acceso a la causa.
La pesquisa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los ex funcionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado los sobornos.
Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial, la casa de gobierno y el domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo.
