La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Chile. Esto después de otorgar la libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos que se encontraban cumpliendo condenas privativas de libertad.
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Ante esto, la Cidh, por medio de un comunicado, hizo hincapié en «el deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia, particularmente en estos casos en que figuran condenados con privación de libertad por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura chilena». Esto pese a los dictámenes negativos de la Comisión de Libertad Condicional.
No son excluyentes
De este modo, la Cidh se refirió al razonamiento de la decisión de la Corte Suprema, señalando que las convenciones suscritas por el Estado chileno en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional.
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Es más, el organismo pondera que, si bien aún en casos de graves violaciones a los DD.HH. el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena.
Obligación de sancionar
“Tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos. Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad”, señaló la entidad en su página web.
Asimismo, la Cidh afirmó que «al contemplarse una medida que afecte el cumplimiento de la pena por delitos de graves violaciones a los derechos humanos, se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares».
Lo anterior, en consideración de los estándares de derecho internacional, tales como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.
Impunidad
Además, la CIDH enfatizó que “la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar”.
Por ello, “para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos”.
“El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad”, señaló el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para Chile.
Confianza
Por su parte, la presidenta de la Cidh, comisionada Margarette May Macaulay afirmó que “la aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos». «De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones”, finalizó.
Al concluir, la declaración indicó que “la Cidh confía que la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer». «Observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos, y que preservará su importante legado de respuestas adecuadas contra la impunidad para los crímenes del pasado autoritario”, puntualizó.