Como casi toda la historia latinoamericana, esta parte con colonos españoles despojando, expropiando y vendiendo terrenos de nativos. Entre 1904 y 1910, con Perú ya independiente, el terreno donde está Machu Picchu -de unas 22.000 hectáreas- quedó en manos de un terrateniente llamado Mariano Ferro, según indica la BBC.
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Ferro incluso ayudó al explorador estadounidense, Hiram Bingham, a estudiar la zona. El periodista e historiador Sergio Vilela, en su libro «El último secreto de Machu Picchu», cuenta que después de eso comenzaron a llegar cada vez más arqueólogos, y que «Ferro fue notando que estas tierras le pertenecían cada vez menos».
Ferro tuvo una hija, Tomasa, que heredó las posesiones de su padre y se casó con el abogado José Emilio Abrill. Como Machu Picchu fue ganando popularidad, el matrimonio comenzó a hacer gestiones con el gobierno para que le expropiaran los terrenos a cambio de una compensación. Al no poder calcular el precio, las negociaciones quedaron en punto muerto.
En la década de 1940, Abrill le vendió el 80% de su propiedad a Julio Zavaleta. La familia Avrill se quedó con la parte donde se ubica Machu Picchu y otras cuatro ciudadelas, esperando que algún día se lograra llegar a un acuerdo de expropiación con el Estado peruano. Zavaleta compró las parcelas que rodean la ciudadela, y que contienen restos del Camino del Inca.
Ahora las herederas de ambas familias, Roxana Abrill y Blanca Zavaleta están en una pugna legal con el gobierno. Exigen la reivindicación de los terrenos históricos de Cusco. Abrill está dispuesta a aceptar el pago de éstos por parte del Estado.
Legislación poco clara
«El Estado había trazado una serie de normas sobre cómo se tenía que proceder en estos casos. Pero luego él mismo no respetó esas reglas de juego», comenta De la Puente, uno de los autores del libro y profesor de historia de la Universidad del Estado de Texas, en EE.UU., a BBC Mundo.
En 1929 una ley estableció que «todos los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasaban a ser de propiedad del Estado peruano», según la historia que recoge «El último secreto de Machu Picchu». En esa ley se habrían definido los pasos para expropiar e indemnizar a los dueños de los terrenos en los que se encontraran las ruinas.
Pero Roxana Abrill, bisnieta de Mariano Ferro y nieta de Tomasa Ferro y Emilio Abrill, asegura que Machu Picchu es de su propiedad. La mujer afirma que los títulos de propiedad de los terrenos datan de entre 1904 y 1910, por lo que la norma de 1929 no se aplicaría en su caso.»No se puede separar el terreno de los restos arqueológicos», dice Abrill a BBC Mundo. Su abogado explica a ese medio que antes de 1929, la legislación estipulaba que las construcciones tenían la misma suerte que los terrenos que las sostienen. Bajo esa lógica los restos arqueológicos serían propiedad de los dueños del terreno, la familia Abrill.Su abogado, Fausto Salinas, defiende esta postura: «Antes de 1929, la ley decía que las construcciones (arqueológicas) seguían la suerte del terreno, por lo tanto, si uno era dueño del terreno, también era dueño de la construcción que había ahí», señala a BBC Mundo.
Pero el gobierno peruano no está de acuerdo con Abrill. «El Estado considera que no hay un derecho de reivindicación del predio y que éste es el legítimo poseedor y propietario», aseguró a BBC Mundo Henmer Alva, procurador del Ministerio de Cultura peruano.
Juicios
Un juzgado de Cusco aún debe dictar sentencia en primera instancia en el caso de Abrill. La familia Zavaleta ya perdió contra el Estado en primera instancia y en una apelación, pero están a la espera del fallo de la Corte Suprema.
El procurador del Ministerio de Cultura insiste en que «no existe un derecho de propiedad reconocido» de las familias y que «históricamente, el Estado ha sido siempre propietario de los terrenos».
Abrill dijo a BBC que cree que para el Estado «defender el patrimonio es no pagar» a su familia. «Eso está errado. Si uno quiere defender el patrimonio, primero tiene que legalizar los títulos», agrega.
