“Libertad para nuestras águilas presas”, dice una de las camisetas naranjas que utilizan un puñado de manifestantes que llegaron hasta el frontis de los Tribunales de Justicia. Entre los adherentes, que pedían libertad “a los héroes militares”, se encontraba Raúl Meza, abogado de internos de Punta Peuco, en conjunto con Loreto Iturriaga, hija del General (R) Raúl Iturriaga, quienes entregaron una carta de apoyo dirigida al Presidente de la Corte Suprema, Harold Britho.
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En las escalinatas del edificio, el abogado aseguró que tras el debate por el Museo de la Memoria, exigirán su propio edificio, el de “la verdad”. “Creemos que en esta país sólo se ha contado una verdad, y creemos que las otras familias de muertos por la violencia de la época también tienen derecho a exigir financiamiento al Gobierno de Sebastián Piñera para abrir este espacio”.
La idea expuesta por Meza consiste en que el próximo 11 de septiembre inaugurarán un “museo virtual” financiado por particulares y luego intentarán obtener recursos del Estado para levantar un museo que rinda “homenaje a los otros muertos de la dictadura”.
La idea fue rechazada al instante por miembros de Londres 38, quienes llegaron hasta calle Compañía de Jesus para realizar una funa a la entrega de la carta. La organización por la víctimas de la dictadura lanzaron panfletos en rechazo al llamado “supremazo”, que en un principió otorgó la libertad condicional a 7 condenados por crímenes de lesa humanidad.
Parlamentarios presentan moción de acusación constitucional
144 kilómetros al noroeste, en el Congreso, un grupo de parlamentarios de oposición presentó una moción de acusación constitucional contra los tres jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema que concedieron las libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa será votada mañana en la sala.
La acción está dirigida contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, a quienes se les acusa de notable abandono de deberes, por fallar en contra de los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia..
La diputada Carmen Hertz (PC), una de las impulsoras de la acusación, dijo que “tenemos el deber ineludible de utilizar esta herramienta, la cual estamos obligados como diputados, porque se ha vulnerado el derecho internacional».
