El proyecto de reforma tributaria del Gobierno ya está sobre la mesa. Y si bien conceptos como integración de tasas tributarias o depreciación acelerada no hacen mucho sentido a la ciudadanía, hay un par de medidas que afectarán directamente al bolsillo de los chilenos, como que tu cuenta de Netflix o Spotify salga más cara a fin de mes, o que ahorrarías varios millones si esperas al nuevo régimen para comprarte un departamento.
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Una de las principales incógnitas era cuánto deberían tributar las empresas digitales extranjeras en Chile. La respuesta del ministro de Hacienda Felipe Larraín: una tasa del 10%. Eso correrá para plataformas como Netflix, Spotify, Airbnb, Aliexpres y Amazon. ¿Y Uber o Cabify? Aún nada, porque esas compañías deberán adaptarse a las reglas de la futura «Ley Uber». ¿En qué se traduce ese 10%? Expertos lo explican.
«Lo que es impuesto al valor agregado, eso siempre lo termina pagando el consumidor final», dice Guillermo Fuentes, director de la escuela de Contador Auditor y Administración de la Universidad Central. Esa «democratización de los servicios digitales para que se equiparen a las empresas convencionales», dice el experto, «hará que ese 10% se traspase directamente al consumidor. Los que van a ganar son las empresas que manejan los pagos de crédito», agrega el académico.
Su ejemplo es el siguiente: si la cuenta de Netflix cuesta hoy 10 mil pesos mensuales, con la llegada del nuevo régimen debería costar unos 11 mil pesos. Eso, a su vez, hará que el interés por usar la tarjeta de crédito se calcule por un precio mayor, cosa que hará que el monto ascienda.
Haciendo una proyección que no considere una nueva oferta de las empresas, si un plan premium de Netflix hoy cuesta $7.390, con la reforma tributaria pasará a costar $8.130. Esos $739 de diferencia cada mes harán que al año pagues $8.868 extra, lo que equivale a más de un mes de suscripción. Si se hace el mismo ejercicio con Spotify, en que un mes premium cuesta $3.490, el precio con la reforma en marcha será de $3.839.
«La tasa, en simples palabras, es como subir el precio de un producto para que el Estado pueda recaudar. Pero eso se está haciendo en todo el mundo, no es solo un problema de Chile», explica el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas.
Stand by
Otro ítem importante será el «incentivo a la compra de viviendas para la clase media», como lo llamó el Presidente Sebastián Piñera. En la actualidad, están exentos del cobro del IVA las personas que adquieren casas y departamentos nuevos de hasta 2.000UF. Ese piso, con el nuevo escenario, se elevará hasta las 4.000UF. «Hay que fijarse porque puede provocar un estancamiento en la venta de las viviendas», advierte Fuentes. «Ese mercado quedará en stand by», agrega por su parte Salas.
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La razón es simple: las personas que querían comprar una vivienda, y caen en el beneficio del nuevo régimen, por lógica deberían dejar su decisión en pausa. «Por lo general la clase media compra viviendas que rondan las 3000UF», relata Salas, quien recientemente hizo un estudio sobre el mercado inmobiliario. Bajo ese ejemplo, «si el departamento te iba a costar 85 millones, con la reforma en marcha podrías ahorrarte unos 13 millones por el solo hecho de que el IVA ya no esté en la transacción. Eso hará que todas las compras se retrasen», cierra el académico de la Universidad Central.
Gremios aplauden la medida
Consultados por Publimetro, gremios como la Federación de Empresas de Turismo aplaudieron la medida impuesta a empresas digitales. «Como industria valoramos la propuesta del gobierno de incluir dentro del proyecto de modernización tributaria, el cobro de impuestos a los servicios digitales, como es el caso de Airbnb. Desde hace tiempo venimos insistiendo en la necesidad de que este tipo de plataformas de alojamiento informal compitan en igualdad de condiciones con el sector formal», expresó la vicepresidenta de la Fedetur Helen Kouyoumdjian.
A su vez, agregó que se debería «exigirles garantías de seguridad, y buen servicio como respaldo a los usuarios es un factor fundamental. Además de una debida fiscalización a estas empresas y que cuenten con los mismos permisos para funcionar que se piden a los alojamientos formales», cerró la representante gremial.
