El 18 de mayo un incendio afectó a un edificio ubicado en calle Cienfuegos, en pleno centro de Santiago. El siniestro desnudo una realidad que cada cierto tiempo re aparece con incidentes como estos, el negocio del subarriendo de los inmuebles a extranjeros. Tras declararse el edificio como inhabitable, 42 familias de inmigrantes tuvieron que buscar un nuevo hogar.
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Ante esta problemática, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que regula este tipo de arriendo, otorgando más facultades a las municipalidad para fiscalizar y garantizar las condiciones mínimas de los habitantes.
Gonzalo Winter, diputado del Movimiento Autonomista por el distrito que agrupa a comunas como Santiago y San Joaquín, asegura que uno de los grandes problemas para arrendar de los migrantes no es el dinero sino que la falta de papeles para poder firmar un contrato. «En estos casos es cuando aparecen personas que subarriendan piezas de edificios con precios abusivos».
La precarización de estos espacios esta generando un daño irreversible para el patrimonio. «Los edificios antiguos, en los cuales grupos familiares viven completamente hacinados, son propenso a incendios lo que significa una destrucción del barrio patrimonial de Santiago», asegura el diputado.
Según la minuta entregada por los diputados de distintas bancadas y organizaciones ciudadanas del Barrio Yungai al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se considerará arriendo o subarriendo abusivo «todo aquel acuerdo de voluntades o contrato de arrendamiento de una unidad habitacional dentro de un inmueble, que incumpla las normas técnicas que fije el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de un reglamento, relativas a las condiciones de habitabilidad y seguridad para ser usadas por arrendatarios o subarrendatarios en unidades independientes».
Para hacer cumplir el reglamento, las municipalidades tendrán más facultades para fiscalizar y hacer ingreso a propiedades en las que se pueda estar registrando estas situaciones.
