El ingeniero en informático identificado con las iniciales G. V. S. (23) y quien confesó la filtración de datos que afectaron a 250 mil clientes del Banco Estado a principios de esta semana, quedó libre tras ser formalizado en el Centro de Justicia por el delito de sabotaje informático.
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Pese a que el joven, que se dedica a realizar asesorías informáticas de forma independiente, indicó a detectives de la Brigada del Cibercrimen de la PDI que él habría participado de la filtración, su impecable conducta anterior y su ausencia de antecedentes penales le permitieron quedar en libertad mientras dure la investigación, aunque deberá cumplir la cautelar de firma mensual.
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Hacker se conectó con otros
Según se conoció en la audiencia, el joven habría identificado una vulnerabilidad en el sistema bancario y a partir de ahí extrajo información sobre las tarjetas de coordenadas para realizar transferencias. Luego, a través de un programa, reunió los datos con los nombres y RUT de los clientes, para luego publicar esta información a través de la cuenta de Twitter «La Balsa Pirata». Y aunque no hubo robo de dinero ni transferencias maliciosas por parte del «hacker», desde Fiscalía estudian la participación de otros.
«Hay mensajes en su teléfono celular que fueron registrados y periciados con sujetos desconocidos que estamos investigando», indicó la fiscal Giovana Herrera.
En ese sentido, precisó que se busca la pista de dos personas más, quienes se habrían contactado con G. V. S «para filtrar esta base de datos con objeto de crear esta alarma pública».
Llamado a la calma
Desde el Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, indicó que el Gobierno ya se encuentra trabajando en un programa para aumentar la ciberseguridad.
«Todos los que crean o piensen que estamos en una situación que pueden ser perforados algunos sistemas, yo creo que se van a equivocar, porque se está trabajando muy fuerte para evitarlo», precisó el ministro.
Asimismo, indicó que este caso en particular no permitió ningún tipo de vulneración en los dineros de las personas y que el principal objetivo del o los responsables era crear una alarma pública.
Cabe mencionar que el tribunal dictó 90 días para la investigación, pero este plazo podría extenderse si así lo estima conveniente el Ministerio Público.