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Entre los mayores obstáculos que enfrenta la salud en todo el mundo, en el acceso a los medicamentos, se encuentran las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual y la falta de competencia. Esto, unido al retardo y postergación en la generación de investigación y desarrollo (I+D) sobre aquellas enfermedades que afectan de manera importante a la población de países en desarrollo y países menos adelantados, genera conflictos respecto al acceso.
Por una parte, las farmacéuticas buscan resguardar su propiedad intelectual y comercialización de productos, y por otra, las autoridades de salud buscan que todas las personas tengan acceso a los medicamentos que permiten su bienestar. En esta línea, este lunes 28 de agosto el Ministro de Salud, Emilio Santelices dictó la resolución Nº 1165 del Minsal. A través de ésta reafirma que existen razones de salud pública que justifican el otorgamiento de una licencia obligatoria para dar acceso a medicamentos para parar la epidemia de Hepatitis C.
La resolución del Ministro Santelices rechazó categóricamente el recurso presentado por la empresa farmacéutica internacional Gilead. Dicha farmaceútica intentó anular la declaración de justificación de salud pública dictada en marzo de este año por la Ministra Carmen Castillo bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La resolución Ministerio de Salud N° 399.
Autoridad busca resguardar que el medicamento pueda ser importado o elaborado por actores distintos al laboratorio propietario
En palabras más simples, dos días antes de terminar el gobierno de Michelle Bachelet, en el cual la ministra de Salud era Carmen Castillo, la representante de la cartera firmó una resolución en la que declara que existen razones de salud pública para permitir que un medicamento para combatir la hepatitis C que está patentado en Chile pueda ser importado o elaborado por actores distintos al laboratorio propietario.
En dicha resolución, nº 399, se señalaba que «de conformidad al artículo 94º del Código Sanitario, también corresponde al Ministerio de Salud velar por el acceso de la población a medicamentos o productos farmacéuticos de calidad, seguridad y eficacia». La Resolución 1165 la complementa, dando cuenta de un compromiso del propio Presidente Piñera: controlar precios excesivos de medicamentos esenciales para la población. Actualmente se estima que cerca de 50 mil chilenos y chilenas estarían infectados por el virus de la hepatitis C.
La farmacéutica norteamericana Gilead produce uno de esos medicamentos: «Sofosbuvir». Se vende en Chile a un valor de seis millones de pesos la dosis mensual. La farmacéutica en cuestión argumentó en su recurso contra la declaración de salud pública, que la falta de acceso a los medicamentos para una enfermedad epidémica como la hepatitis C, por razón de su costo excesivo, no podría ser considerado un problema de salud pública y ni menos razón de una licencia obligatoria.
Normas internacionales reconocen la soberanía de Chile
El abogado Luis Villarroel, en representación de Corporación Innovarte; la Fundación Nuevo Renacer y el Diputado Giorgio Jackson y otros, presentaron al Ministerio de Salud la defensa de la declaratoria de justificación de razones de salud pública. Pidiendo así el rechazo del recurso de Gilead. El abogado hizo presente que las normas internacionales reconocen la soberanía de Chile para determinar los casos en que procede la licencia obligatoria para proteger la salud pública, así como la legalidad del proceso.
Ahora resta que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto de los recursos en contra de esa misma declaración interpuestos en paralelo por Gilead y la CIF organización que representa a laboratorios internacionales en Chile.
