- Académico del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile
El desfile de ciudadanos colombianos subiendo a un avión y escoltados por funcionarios de la Policía de Investigaciones no es algo excepcional. De hecho, la PDI había informado con anterioridad que en los últimos cinco años se han expulsado a más de seis mil extranjeros.
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La forma y visibilidad del proceso pueden ser cuestionadas, y los llamados a no vincular migración con delincuencia son lógicos y fundados, pero los hechos nos indican que las expulsiones seguirán hasta transformarse en rutina. Primero, porque a los inmigrantes que cometen delitos se les deben aplicar las sanciones que la ley establece y la expulsión del territorio nacional es una de ellas. Segundo, porque los inmigrantes están siendo percibidos como “el extraño”, físicamente presentes en la comunidad, pero sin formar parte de ella. Esta no pertenencia, cualidad de ser foráneo, les dota de un aura de peligro potencial.
No es raro el prejuicio generalizado que los considera responsables de un porcentaje desproporcionado de delitos, creando un estereotipo que busca criminalizar a las personas migrantes, pero esto se encuentra bastante lejos de la realidad. Los migrantes no son, estadísticamente hablando, un problema de seguridad, pero producen un sentimiento que “inflama” cifras y problemas, ya que los investigadores raramente han generado evidencia sistemática abordando este problema.
Finalmente, en el desfile mencionado al principio, no se observaron mayormente mujeres. Sobre ellas, habría que reconocer que son encarceladas por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, cuyas características es que carecen de medios financieros lícitos, con frecuencia son engañadas por la red de tráfico de drogas y desconocen los riesgos y las consecuencias, que significan cárcel o, en algunos casos, expulsión. En el caso de ser encarceladas fuera de sus países de origen, no acceden a medidas sustitutivas de la reclusión a la vez que tienden a ser rechazadas no sólo por su comunidad, que suele ser poco tolerante respecto de una delincuente, sino también por su familia, que es la que verdaderamente enfrenta el problema. Además, normalmente la ley de extranjería inhabilita a quienes han sufrido pena aflictiva para obtener permiso de residencia. Con todo este panorama, cabe preguntarse: ¿qué pasará con las mujeres migrantes una vez que cumplan sus penas? ¿Retornarán a sus países o tendrán una segunda condena: mantenerse ilegales en el país en el que ya cumplieron una pena?
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