El presidente Martín Vizcarra y el Congreso de mayoría opositora se enfrentaban por cuatro proyectos que el mandatario quiere someter a una consulta popular en diciembre con el objetivo de reformar el sistema político y judicial azotado por la corrupción que se destapó hace más de dos meses.
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El domingo Vizcarra puso al borde de la disolución al Parlamento unicameral en un mensaje a la nación donde criticó que el legislativo se negara “a entender la urgencia” para impulsar un referendo que implica prohibir la reelección de parlamentarios, regular el financiamiento privado a las campañas políticas, establecer una nueva forma para escoger al consejo de electores de autoridades claves y proponer el retorno a un Congreso bicameral.
El mandatario fijó el miércoles como la fecha en que el Parlamento unicameral, dominado por el partido conservador Fuerza Popular de la lideresa opositora Keiko Fujimori, decida si aprueba sus iniciativas. Si el Parlamento se niega u obstruye las iniciativas presidenciales, Vizcarra podría cerrar el cuerpo legislativo usando sus atribuciones constitucionales.
Rosa Bartra, una importante legisladora de Fuerza Popular y presidenta de la comisión legislativa de Constitución, calificó el lunes al presidente de “desinformado” y “mentiroso”. Añadió a la radio peruana RPP que su partido cree que “el diálogo es el mejor camino. Hace tiempo nosotros estamos queriendo un clima de paz, quien ha iniciado la confrontación y con el pie en alto ha sido el presidente Vizcarra”.
Keiko Fujimori no ha realizado declaraciones
Vizcarra, un ingeniero civil de 55 años, dijo el lunes que su presión contra el Congreso “se hace respetando estrictamente la Constitución y esto fortalece la democracia que todos los peruanos tenemos que preservar”.
Para arrinconar al Parlamento, Vizcarra sacó debajo de la manga una atribución constitucional llamada “cuestión de confianza” que en términos simples permite al mandatario cerrar el Parlamento si éste le niega dos veces “la confianza” al consejo de ministros. En 2017 el Congreso ya le negó la confianza al gobierno y si el miércoles vuelve a presentar otra negativa al ejecutivo, entonces Vizcarra podría disolverlo.
Hace 26 años, en medio de la inestabilidad provocada por los atentados terroristas de Sendero Luminoso y la crisis económica, el entonces mandatario Alberto Fujimori, usando las mismas atribuciones constitucionales, cerró el Parlamento y convocó a otro legislativo varios meses después.
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El punto de quiebre que inició las fricciones entre Vizcarra y el Parlamento opositor empezó en julio durante el mensaje anual a la nación donde el mandatario criticó la corrupción en el sistema político y judicial destapada por la difusión de decenas de audios que mostraban cómo una red de jueces, fiscales, legisladores, electores de autoridades y empresarios se hacían favores mutuos para manejar la justicia a su antojo.
Los audios de la corrupción provocaron la renuncia del presidente de la Corte Suprema, del ministro de Justicia, de los poderosos electores de magistrados y han dejado en el mayor descrédito al fiscal general y a un juez supremo, quienes han sido señalados de pertenecer a una organización criminal pero que no pueden ser juzgados por tener privilegios constitucionales.
De acuerdo a varias encuestas, las iniciativas de reforma del sistema político y judicial propuestas por el presidente han impulsado hasta por diez puntos la popularidad de Vizcarra.
El presidente del Banco Central, Julio Velarde, dijo el viernes a periodistas en Nueva York durante una gira de promoción de inversiones que si se produce un cierre del Parlamento o una posible vacancia presidencial impulsada por la oposición legislativa “sería un suicidio… ojalá que se baje el tono del enfrentamiento». La economía peruana creció 2,3% interanual en julio y en el primer semestre se expandió 4%, de acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Vizcarra, que fue elegido vicepresidente en 2016, asumió la presidencia en marzo en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió inmerso en un escándalo por la presunta compra de votos de congresistas a cambio de que apoyaran su gestión.
