En Temuco y acompañado de pertenecientes a las comunidades mapuches y autoridades, el presidente Sebastián Piñera presentó ayer el prometido Acuerdo por el desarrollo y La Paz en La Araucanía, plan con tres ejes principales y con una proyección de ocho años.
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Cuenta con la construcción del “Consejo por el reencuentro de la Araucanía”, un riguroso, inclusivo e integral plan económico que contempla 491 proyectos de inversión pública y un costo de US$8.043 millones para el periodo 2018 a 2026 y una reforma constitucional a través de la que se incorporará el reconocimiento a los pueblos indígenas, junto con poner urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio y Consejo de los Pueblos Indígenas.
Este último sin dudas fue el que más la atención llamó dentro de los expertos, debido a la proposición de una ley de cuotas mínimas indígenas para promover mayor participación, la que será premiada con incentivos económicos expresados a través de un reembolso mayor por los votos obtenidos por candidatos indígenas.
Las críticas
Esta apertura a los pueblos originarios en La Araucanía, según Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, es positivo. «Va en un sentido correcto, de abrir los espacios a la participación de los pueblos indígenas en los espacios políticos, porque además se habla de esta Ley de Cuota en distintas instancias electorales, no solamente parlamentaria y eso a nosotros nos parece bastante atrevido, bastante innovador». Sin embargo la medida es criticada por la falta de debate plurinacional.
“Nosotros creemos que es parte del debate que la Reforma Constitucional establezca que Chile es un país plurinacional, y es un reconocimiento que tenemos pendiente como país hacia nuestros pueblos originarios (…) vemos con preocupación que no hay ninguna señal en el sentido de que estas propuestas vayan de la mano con medidas que de alguna manera buscan resolver los focos de pobreza y carencia que existen en la región”.
No apunta a las demandas de fondo
En la misma línea el cientista político y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Máximo Quitral, critica el foco de la propuesta. “Entendiendo el contexto en que te sitúa esta propuesta, me parece que no apunta a las demandas de fondo de las comunidades mapuches y no resolvería algunas inquietudes políticas que distintas organizaciones sociales vinculadas a la temática mapuche han instalado por mucho tiempo en la zona”, manifestó.
“Más que ampliar la representación parlamentaria a mí me parece que hay que generar los espacios de diálogo con aquellas organizaciones que están más críticas al actuar del ejecutivo y tratar de avanzar en un reconocimiento total de la identidad mapuche y de la generación de un verdadero Estado Plurinacional”.
Para Verónica Figueroa, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, las propuestas se quedan cortas. “La ley de cuotas en La Araucanía no asegura la participación indígena ni que el candidato logre acceder a los cargos, sólo asegura que estén en un listado en el proceso inicial”, critica la experta. “Lo interesante habría sido una ley de escaños reservados, que se establezcan distritos indígenas como en otros países, por ejemplo, o que un porcentaje del congreso esté reservado exclusivamente para indígenas y así asegurar representación política”, propone Figueroa.
