Los cancilleres de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay presentaron ante los medios de comunicación el miércoles en la ONU el reclamo a la Corte Penal Internacional (CPI) en una carta que lleva la firma de los presidentes de esas seis naciones y que fue enviada a la fiscal de la Corte Penal Internacional.
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Los cancilleres explicaron que el documento va acompañado de dos informes: uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se enumeran ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones, y otro escrito por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Ese grupo de expertos concluyó que existían fundamentos para considerar que 11 individuos, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Almagro ya pidió una investigación a la CPI este año. Los supuestos crímenes, según los cancilleres, incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones y atentados flagrantes contra el debido proceso, entre otros.
El líder de la OEA dijo en un comunicado que se estaba dando “un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, anunció el envío de antecedentes con el objetivo de que se investigue la situación relativa a crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte que se podrían haber cometido en Venezuela y, en su caso, se establezcan las responsabilidades que corresponda a una o más personas determinadas.
Este requerimiento tiene como antecedente el informe sobre la situación en derechos humanos en Venezuela elaborado por el Grupo de Expertos independientes designados por el Secretario General de la OEA y hace referencia además a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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La solicitud plantea la necesidad de la apertura de una investigación que permita determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad a partir del 12 de febrero de 2014 y, en caso afirmativo, si cabe acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
La remisión de antecedentes por parte de los países partes está prevista en el mismo Estatuto de Roma. “Lo que nosotros queremos como países es que sean investigados estas denuncias y que además se defina, se detecte y se encuentre a los culpables”, afirmó el Canciller chileno al realizar el anuncio. “Para Chile hay un mensaje muy claro, no pueden seguir las violaciones de derechos humanos en Venezuela”, agregó.
En febrero la Corte Penal Internacional puso en marcha investigaciones preliminares por «presuntos crímenes» en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.
La carta enviada ahora por los países miembros obliga a la CPI a acelerar esa investigación y a presentar sus conclusiones.
De acuerdo a los procedimientos de la CPI, tras recibir esta presentación, la Fiscalía analiza si se dan los méritos para iniciar una indagación previa, antes de decidir si abre un proceso de investigación.
