En un nuevo revés judicial, la ex presidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández y sus dos hijos afrontarán un juicio bajo la acusación de encabezar una “asociación ilícita” que ejecutó un esquema de lavado de activos de origen ilegal a través de negocios inmobiliarios.
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El juez federal Julián Ercolini elevó a la instancia de juicio oral la causa en la que está imputada la ex mandataria (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de varios empresarios cercanos a la senadora opositora, informó el miércoles la agencia oficial de noticias Télam y otros medios de prensa, varios de los cuales publicaron el contenido del fallo del magistrado.
El juzgado de Ercolini no confirmó la medida judicial a The Associated Press. En otras ocasiones, los fallos referidos a Fernández publicados por la prensa son difundidos posteriormente por el Centro de Información Judicial.
Gregorio Dalbón, allegado a la ex presidenta y quien actúa como una suerte de portavoz, cuestionó en su cuenta de Twitter la medida de Ercolini y consideró que Fernández y sus hijos son víctimas de “persecución mediática y judicial”.
Próximamente se sorteará al tribunal federal que llevará a cabo el juicio en una fecha aún no determinada.
Las acusaciones
Ercolini dijo en su fallo que la exmandataria está acusada de haber ideado y ejecutado entre enero de 2009 y marzo de 2016 “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la empresa Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima”. El juez también involucró en este esquema al fallecido marido y antecesor de Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).
Ese dinero era canalizado por las compañías de los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza -también procesados- “a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada” por Los Sauces.
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Según el juez, Fernández junto con su marido y sus hijos habrían utilizado Los Sauces como “un mecanismo de reciclaje de fondos ilícitos” que provenían en el caso de las empresas de Báez de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial.
En el caso del dinero de las empresas de López y De Sousa la ex presidenta se valió del “esquema de lavado de activos” conformado a través de Los Sauces para “la aceptación disimulada de las dádivas” que previamente le habrían ofrecido esos empresarios como consecuencia de los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.
Fernández y sus hijos niegan todos los cargos. La senadora sostiene que son motivo de una persecución judicial orquestada por su sucesor, el presidente Mauricio Macri.
Otros casos
Fernández ya tiene a la vista un proceso oral que comenzará en febrero de 2019, derivado de otra causa, en el que afrontará la acusación de administración fraudulenta y es investigada una trama de corrupción revelada en los cuadernos K.
Además, la ex mandataria está procesada en otras causas por presuntos hechos de corrupción y por supuestamente haber encubierto a los iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en Buenos Aires en 1994.
La senadora no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios, al igual que su hijo, quien es diputado.
Un juez ha solicitado al senado el desafuero de Fernández para detenerla en el marco de la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. La legisladora perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
