El hecho de que la Corte Internacional haya fallado en contra de la demanda, deja a Bolivia más debilitada que nunca en su reclamo marítimo, pero sobre todo, deja a su presidente contra las cuerdas, ante lo que aparentemente se vislumbra el hecho de que un exceso de confianza ante un fallo favorable, impidió al gobierno estructurar un “Plan B” y ya le está empezando a pasar factura.
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La cohesión social mostrada previa al fallo parece estar derrumbándose, la ola de críticas se ha disparado y está fuera de control. Opositores consideran que la derrota del país en La Haya cobrará una factura política a Morales, que está inmerso en un afán de repostulación y comienzan a pedir cuentas: Diputados y senadores de oposición solicitaron este miércoles al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, convocar al mandatario Evo Morales para que explique en una sesión de los legisladores la derrota de Bolivia frente a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Solicitamos a usted (García Linera), que en el marco de sus atribuciones constitucionales coordine con el presidente Evo Morales la solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria de la ALP para que el (Jefe de Estado), como responsable de nuestra política exterior, se haga presente en la Asamblea para brindar un informe detallado y transparente respecto al contundente fallo contra nuestras aspiraciones”, cita el requerimiento firmado por 16 legisladores de Unidad Demócrata.
En el ámbito de la política interna, el senador de «Unidad Nacional» (UD) Arturo Murillo, lamentó que en el gobierno se hagan a los «giles» por el fracaso en la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, cuando debieron «rodar cabezas», refiriéndose a dimisiones de quienes encabezaron el equipo jurídico.
Murillo atacó al presidente por su ‘berrinche’ frente al fallo adverso. “Evo Morales salió con una serie de barbaridades, eso de enviar cartas a Naciones Unidas cuestionando a los jueces que antes decía que eran los mejores y que había que respetar”, reprochó. Asimismo, alertó que esa actitud solo puede perjudicar al país en el proceso que queda en la corte, la demanda de Chile por las aguas del Silala», que tendrá lugar en 13 días más
Otros van más allá, y el ex magistrado del Tribunal Constitucional , Gualberto Cusi, pidió por su parte un juicio de responsabilidades contra Evo Morales.
También legisladores de oposición exigen conocer los gastos del litigio: “Queremos saber cuánto dinero se gastó, desde 2013 hasta la fecha, en esta demanda en la que se ilusionó a los bolivianos y que perdimos”, señaló un diputado de oposición, recordando que la administración de Sebastián Piñera desembolsó más de $us 24 millones para la defensa chilena, según cancillería.
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Se reavivan las tensiones por el 21-F
Los detractores a la administración de Morales con algunos comités cívicos del país se preparan para un paro cívico.El representante de la organización política «Otra Izquierda es Posible», Beto Astorga, explicó a radio Panamericana que coordinan con plataformas de todo el país esa medida de presión para conseguir paralizar el país. “Tenemos que salir el 10 de octubre porque queremos que se reivindique esta democracia que está matando el MAS, en ese sentido vamos a estar el 10 de octubre, va ser una movilización nacional por la defensa del 21 de febrero”, sostuvo.
Desde la Agencia de Noticas Fides (ANF), advierten que la desinstitucionalización y la ausencia de independencia ha conducido al Tribunal Supremo Electoral a una “grave crisis”. Cuatro vocales suplentes renunciaron en 2015, dimitió el vicepresidente del ente, José Luis Exeni, y tres vocales no están de acuerdo con el reglamento para las elecciones primarias.
Toda esta crisis, a menos de cuatro meses para la realización de las internas de los partidos políticos y en medio de la presión que tienen los vocales electorales para decidir si habilitan o no la postulación a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Las elecciones primarias, por primera vez en el país, se realizarán el 27 de enero del 2019 en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas y el polémico reglamento aprobado por el ente electoral para el proceso.
