Nuestro país decidió posponer la firma del Acuerdo de Escazú, suscrito por 14 países de Latinoamérica y El Caribe. Llama la atención que fue impulsado por el propio país en 2012, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Esto generó la respuesta de diversas organizaciones, entre ellas WWF Chile.
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“Como organización de conservación nos preocupa que Chile no haya firmado este acuerdo, que vemos como un avance importante en términos de participación efectiva, acceso a la información y a la justicia ambiental, temas que cruzan los actuales conflictos que se viven en la región respecto al medio ambiente”, señaló Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile.
«Confiamos en que se dará luz verde»
“No obstante las dudas y alarmas que este aplazamiento ha instalado, confiamos en que el Gobierno finalmente dará luz verde al tratado, ya que Chile no debe perder el liderazgo ambiental que ha construido en términos multilaterales y que el propio Presidente Piñera respalda. Las obligaciones del Acuerdo de Escazú, asimismo, están muy relacionadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por tanto recomendamos que Chile suscriba el documento”, agregó Catalán.
Según contextualiza Jilles van Gastel, coordinadora de Gobernanza Ambiental de WWF Chile,el texto del Acuerdo de Escazú es similar al del Convenio de Aarhus, sobre acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales, el cual fue adoptado en 1998 en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
Éste entró en vigencia en 2001, cuenta con 47 Estados Parte y se reconoce hoy como una herramienta clave para promover la democracia ambiental en Europa y Asia Central.
Conflictos ambientales en Chile
“Actualmente en Chile están identificados 116 conflictos ambientales, lo cual nos habla de la importancia que tiene para el país la adhesión a este acuerdo. El Gobierno plantea que hoy se cumplen los aspectos sustantivos que el propio pacto señala en materia de transparencia, tribunales ambientales y mecanismos de participación ciudadana, lo cual a nuestro juicio debería ser un potente argumento a favor de firmar este tratado, ya que las realidades en esta materia son dinámicas y siempre es posible mejorar los procesos», comenta la profesional.
«En este sentido, el Gobierno ha reconocido la necesidad de seguir perfeccionando la institucionalidad ambiental, por ejemplo en lo que respecta al SEIA», agregó.
«La justicia ambiental no es un lujo, sino que una necesidad básica en un país como Chile. Por tanto, todos los mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como el reconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y su inclusión en la toma de decisiones del uso y manejo de los recursos naturales, son claves para consolidar y garantizar un desarrollo sostenible y duradero», puntualizó Jilles van Gastel.
