El Consejo de Defensa del Estado (CDE) introdujo una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que se investigue a «todos los que resulten responsables de la comisión del delito de fraude al Fisco previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal», en el caso de la compra de tenidas de combate en el Ejército de Chile.
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Según el texto de la querella, al cual tuvo acceso www.publimetro.cl, los hechos se remontan al 28 de Diciembre de 2010, ya que ese día se reunió el Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército (CPAE)», a fin de acordar la adquisición de tenidas de combate pixeladas para la zona norte y sur del país.
Con fecha 5 de mayo 2010, «se autorizó al Ejército a invertir US$ 15.000.000, a fin de financiar el mantenimiento del potencial bélico de la institución y para el rubro “Vestuario y Equipo” la cantidad de US$ 1.500.000», en la gestión del general Juan Miguel Fuentealba.
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Dos empresas se presentaron a la licitación: éstas fueron CLK S.A y S&M S.A, siendo la segunda la favorecida en la licitación pública.
«Creemos que se puede constituir uno de los fraudes más grandes o quizás el más grande, en la historia de nuestro país. En términos globales, 8 a 9 veces mayor al que hubo en Carabineros», comentó al Canal 13 el diputado Jorge Brito Hasbún (RD), presidente de la comisión investigadora.
El CDE solicitó citar a Antonio Cordero Kehr, quien era el Comandante de la CAF; a Miguel Muñoz, Virgilio Cartoni, a fin de que declaren sobre los hechos investigados.
Otra de las medidas del CDE es levantar, vía judicial, el secreto bancario de Luis Reyes Alvarez, «quien se desempeñaba como Jefe de Adquisiciones y de Alex Gluzman Compte Secretario de Coordinación División de Auditoria General del Ejército, así como de cualquier otro oficial del Ejército involucrado en los hechos».
Entre las irregularidades que detectó el CDE «la operación se concretó en dólares causando un grave perjuicio al Fisco de Chile, ya que el valor del dólar observado a la fecha de apertura de las ofertas era de $472,71 y a la fecha de emisión de las facturas era de $491,93». Además, detectaron el doble pago del IVA y el pago de adelantos que no estaban contemplados en el contrato.