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Según la Fundación Oceana, una zona de sacrificio está definida como “aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres y vulnerables”. Esto es una realidad para la comuna de Puchuncaví, que posee un cordón industrial potente hace más de 54 años. Sin embargo, y a pesar de los intentos por cortar la contaminación, la situación hace 50 días que no da para más.
Ya van 50 días desde la primera emisión que provocó la intoxicación en masa registrada en Quintero, el 20 de agosto. Y de ahí en adelante la comunidad no ha hecho más que organizarse para terminar con el problema. Y lo han hecho a través del Cabildo Abierto Quintero – Puchuncaví, instancia que se ha tomado la plaza principal de Quintero con carnavales y un campamento, y que redactó un documento con siete exigencias al Estado.
Emergencia Sanitaria
El primer punto y el que posee mayor urgencia para la comunidad que compone el Cabildo Abierto de Quintero – Puchuncaví es el establecimiento inmediato de la «emergencia sanitaria».
«La emergencia sanitaria es una medida que se adopta por los gobiernos que tienen capacidad para determinar el nivel de emisiones que generan distintas fuentes que ponen en riesgo la salud de la población. En este sentido el Ministerio de Salud (Minsal) es el responsable de definir un nivel de riesgo», dice a Publimetro Rodrigo Cerda, Director General de carrera de Medio Ambiente y Ecología del Instituto de Medio Ambiente (Idma).
Normativa OMS
La asamblea también pide que se homologuen o igualen las normativas medio ambientales nacionales destinadas al suelo, mar y agua dulce, a las aplicadas en Europa por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para Rodrigo Cerda la diferencia con el viejo continente radica en una decisión política.
«Todas las normas tienen una definición política, que es el nivel de riesgo en el cual el país está dispuesto a asumir para que una determinada actividad económica se pueda desarrollar», dice el experto, que comprende la exigencia de la comunidad de normalizarlas con las de la OMS debido a que estas «son normas más estrictas respecto a emisiones de material particular, ozono, porque están basadas en estudios que han hechos universidades y centros de especialización y han determinado que sobre una determinada concentración de contaminantes comienza a producirse un nivel de deterioro en la salud de la población».
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Paralización del parque industrial
Desde el 21 de agosto, la comunidad ha apuntado a que las intoxicaciones están directamente relacionadas con las ocho industrias del sector: Aes Gener, Oxiquim, Codelco Ventanas, GNL y Enap. Por esta razón exigen la paralización del parque industrial «hasta tener certezas sobre la culpabilidad empresarial por el envenenamiento de nuestra población, en especial niños y niñas».
Junto a ello, se piden las penas máximas a quienes resulten responsables.
Zona Franca Energética
Este punto se centra en la búsqueda de la reducción de los costos para la comunidad en energía. Específicamente en el precio del gas, la electricidad y la bencina, diesel y parafina. «Anticipándose a daño que tendrá la comuna en relación a la baja de turistas que vendrán a las comunas», dice el documento.
Para Rodrigo Valdovinos, Jefe de la carrera Energías renovables y Eficiencia Energética del Instituto de Medio Ambiente (Idma), y miembro de la Sociedad Nacional de Energía, la compensación por parte de las empresas es necesaria.
«Debería ser aplicado, la idea des que de alguna forma se compense eso a la comunidad a través de la incorporación de algunas compensaciones que tengan que ver con valorar a las personas presentes del lugar», explica.
«Todos los problemas ambientales son aportados por las empresas, pero sí el estado tiene un rol y sería el de proteger los derechos de las personas sobre estos activos energéticos. Ahora, el Estado sirve como un ente regulador, sin embargo el 100 por ciento de los gastos tienen que ser parte de la empresa», puntualiza.
Elevar complejidad del hospital
En los primeros casos de intoxicación el Colegio Médico denunció la falta de equipamiento y de preparación del personal de la zona. Por la misma razón, el petitorio incluye el aumento de especialistas y de implementación. Además de un programa de bioestadística y toxicología clínica de carácter estatal.
La medida serviría para elaborar un catastro toxicológico inédito en la zona, que serviría de antecedente para casos futuros ya se en Puchuncaví o en otra comuna del país.
Uso de suelo
La coordinadora además busca detener las 574 hectáreas destinadas a la industrialización de la zona «modificando mediante el Premval el uso de suelo para transformarlas en bosque nativo y áreas verdes recreacionales».
El Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) fue reestructurado en 2013 y es un instrumento de planificación territorial que norma en un horizonte de 30 años los terrenos pertenecientes a las comunas de Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana y Quintero.
Uno de sus compromisos es consolidar las zonas en conflicto medio ambiental a través de una figura jurídica de protección, además de financiar estudios que permitan levantar expedientes para establecer las posibilidades de solicitar protección en áreas de riesgos ambientales, arqueológicos y paleontológicos. Así los habitantes de Puchuncaví esperan que el cordón industrial forme parte de las otra 17 mil hectáreas consideradas áreas protegidas.
Ley Especial
Tres años de negociaciones lleva la comunidad de Puchuncaví con las autoridades, y el fruto de estas discusiones quieren que se vean reflejadas en una ley aplicada en el corto plazo en la zona. Uno de los aspectos principales que contemplan son las normas a las empresas del sector, que ya desde hace diez años está declarada como «saturada».
«Legalmente en el país se está cumpliendo la norma, pero lo que pasa es que son normas mucho más permisivas que las de la OMS», explica Rodrigo Cerda, que dice que esto se debe a «que el propio estado no se haya generado las herramientas propias para llevar un control inmediato. Entonces no existe en el país una falta de conocimiento de lo que se está haciendo, sino que depende de una decisión política en la que no se ha asumido el riesgo de la salud.
Cierre inmediato
Y quizás el punto más controversial y drástico es este. La asamblea del Cabildo exige el cierre inmediato de las termoeléctricas obsoletas y de la fundición de carbón.
Al ser las normas de la OMS «el doble de estrictas», para Rodrigo Cerda esto significa que «si hoy la normativa tampoco se está respetando, lo que la comunidad está pidiendo qe el estado resguarde a la población, en la práctica están pidiendo que si esas instalaciones quieren seguir operando tendrán que adaptar sus tecnologías a las nuevas normativas, que restringirían la cantidad de emisiones».
«Tiene un impacto económico muy grande, pero la decisión está en que la población mantenga su trabajo y que la actividad sea viable y no removible, o la salud de la población. Probablemente hay algunas empresas ya obsoletas tecnológicamente, y lo más probable es que ellas no puedan adaptarse», finaliza el experto.
